En un comunicado, los grupos armados independentistas del norte de Mali, agrupados en la coalición CSP (compuesta de tuareg y árabes) y enfrentados desde hace meses al gobierno golpista de Mali, afirman que el ataque tuvo lugar en la noche del martes al miércoles en Talhandak, una zona donde hay gran número de migrantes de los países del Sahel en su camino hacia Europa.
La CSP afirma que, aparte de los siete muertos, hay "otras víctimas que están todavía bajo los escombros", y apela a la comunidad internacional y a las organizaciones defensoras de los derechos humanos a que tomen nota de este hecho y pidan explicaciones a la junta militar en el poder en Mali.
Este país sufre una alta presión terrorista, con grupos leales a Al Qaeda y el Estado Islámico cometiendo asesinatos de forma constante, mientras los grupos secesionistas del Azawad (región del norte) mantienen una guerra abierta por la independencia del territorio, tras años de paz rota ahora.
Su junta militar se ha alejado de Europa y recurrido a la ayuda de mercenarios del Grupo Wagner ligado al Kremlin para luchar contra el terrorismo, en acciones que en ocasiones son criticadas por acarrear el asesinato indiscriminado de civiles.
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Uno de esos ataques ocurrió el 25 de enero, cuando, según denuncia la ONU, el Ejército de Mali y "personal militar extranjero" (en referencia a Wagner) ejecutaron "de forma sumaria" a 25 personas en la región de Nara.
En un comunicado, la asociación Kal Akal de la ciudad norteña de Kidal, que se autodenomina "observatorio por la salvaguarda de los derechos humanos del pueblo del Azawad" y ofrece datos de muertes en esa zona, denuncia que durante el pasado enero se produjeron "93 casos de ejecuciones", entre ellas, la de un anciano de 80 años y de 4 mineros extranjeros.
Entre las víctimas que reporta Kal Akal están también las denunciadas por la ONU. Son 24 pastores de la etnia péul que fueron "ejecutados a sangre fía" por el Ejército maliense, dice la asociación, que asegura haber tenido acceso a un vídeo de las ejecuciones gracias a los padres de las víctimas.
Además, Kal Akal denuncia que en enero varias decenas de civiles fueron detenidos cerca de la ciudad de Tombuctú y llevados al aeropuerto, tras lo que desaparecieron. "Desde entonces sus familias no han tenido noticias de ellos", añade.