La decisión, que aún tendrá que ser ratificada por la Comisión Permanente antes de su debate y votación por el pleno del Congreso, propone destituir e inhabilitar a los siete magistrados del organismo por una presunta infracción constitucional.
El informe recibió los votos a favor de 14 congresistas, en su mayoría representantes de grupos de derecha o ultraconservadores como Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Somos Perú, aunque también tomó la misma postura el partido marxista Perú Libre.
Se opusieron los congresistas de agrupaciones de izquierda como Cambio Democrático-Juntos por el Perú y Perú Bicentenario, así como del derechista Podemos Perú.
En un primer momento, el informe solo planteaba acusar a seis de los magistrados por infracción constitucional y que la Fiscalía los investigue, pero luego el congresista derechista Esdras Medina agregó una propuesta para destituirlos e inhabilitarlos e incluyó a la magistrada Luz Tello.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Tras conocerse la decisión, la junta afirmó en un comunicado que esto demuestra que un sector del Legislativo "busca afectar la autonomía de la JNJ e impedir el cumplimiento de sus funciones constitucionales".
Añadió que el informe está viciado por su "ausencia de imparcialidad", ya que el congresista Medina ya había planteado la destitución de los integrantes del organismo.
En este sentido, consideró que se ha violado de modo flagrante el artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos que establece que quien instruye o juzga en cualquier tipo de proceso no puede tener una postura ya tomada sobre la materia.
"La JNJ seguirá defendiendo su autonomía y su rol constitucional y confía en que las siguientes instancias del proceso prevalezca el derecho y la justicia", concluyó.
El pasado 2 de febrero, un tribunal peruano declaró fundada una demanda de amparo que presentaron los miembros de la JNJ para que se anulara otro proceso iniciado por la Comisión de Justicia del Congreso, que también pretendía destituir a sus integrantes por supuestas "faltas graves".
En la demanda de amparo, los magistrados argumentaron que "sería incompatible con una democracia constitucional que los miembros de la Junta Nacional de Justicia se encontraran sujetos al control político, lo que significaría que para permanecer en sus cargos necesitarían de la confianza de la mayoría de los congresistas".