La fecha había sido propuesta por el presidente del país, Macky Sall, tras la conclusión del diálogo nacional celebrado la pasada semana y que fue boicoteado por la gran mayoría de la oposición.
En su decisión, la máxima autoridad electoral senegalesa consideró que "fijar la fecha de las elecciones más allá de la duración del mandato del Presidente de la República en ejercicio es contrario a la Constitución".
De igual modo, el Consejo Constitucional también precisó que en la futura votación solo participarán los 19 candidatos seleccionados previamente.
Con el diálogo nacional, Sall aseguró querer poner fin a la profunda crisis desatada en el país a raíz del aplazamiento electoral, que ha socavado su histórica estabilidad democrática.
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El encuentro, sin embargo, fue boicoteado por la inmensa mayoría de los aspirantes presidenciales cuya candidatura ha sido aprobada.
Así, la plataforma opositora FC25, que agrupa a 16 de los 19 candidatos, rechazó el diálogo nacional al acusar al presidente de violar la Carta Magna senegalesa.
"Su principal objetivo es intentar excluir a los candidatos seleccionados por el Consejo Constitucional y posiblemente, con su diálogo, avanzar hacia un (nuevo) mandato, que rechazamos sistemáticamente", dijo en una rueda de prensa en Dakar el representante del grupo, Cheikh Tidiane Youm.
La negativa de la oposición a la oferta de Sall tiene lugar en un momento de gran tensión política por el aplazamiento electoral decretado el pasado 3 de febrero por el presidente y declarado ilegal por el Consejo Constitucional.
Ese tribunal consideró "contraria a la Constitución" la votación del Parlamento que, auspiciada por Sall, aplazó el pasado 5 de febrero las elecciones del 25 de ese mes al 15 de diciembre próximo.
La modificación de la fecha electoral ha provocado fuertes protestas en las calles, a menudo dispersadas con dureza por la Policía y en las que han muerto al menos cuatro personas.
La oposición demanda a Sall que establezca una fecha antes de agotar su mandato.
El jefe del Estado defendió la moratoria electoral por "la polémica sobre una candidata cuya doble nacionalidad (francesa y senegalesa) fue revelada tras ser publicada la lista definitiva", algo que la Constitución senegalesa no permite a los aspirantes presidenciales.
Para el presidente, ese descubrimiento reveló un "presunto caso de corrupción de jueces" que puso en cuestión el proceso de selección de candidaturas.
Sin embargo, la inmensa mayoría de la oposición rechazó el aplazamiento electoral al considerarlo un "golpe de Estado constitucional".