La JNJ confirmó en la red social X que, "tras la culminación del proceso de la acusación constitucional contra sus miembros", ha realizado "las acciones correspondientes para la ejecución de la decisión adoptada por el Congreso de la República, en el marco del estricto cumplimiento de su ley orgánica".
"La Junta Nacional de Justicia hace un llamado a respetar la institucionalidad de este organismo constitucional autónomo", concluyó.
Según sendas resoluciones emitidas por separado, la destitución de ambos magistrados está vigente desde el pasado 8 de marzo y se tomó tras recibir el oficio del Legislativo que dio cuenta de la decisión del Congreso y un informe de la oficina de asesoría jurídica de la JNJ del pasado 12 de marzo.
Los documentos, que fueron suscritos por el presidente de la JNJ, Antonio de la Haza, indicaron que se debe enviar un oficio al presidente de la comisión especial que designó a los miembros de la junta "para que se proceda conforme a lo dispuesto" en la ley y se designe a los magistrados que reemplazarán a Tello y Vásquez.
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El pasado jueves, el Parlamento cesó a los dos magistrados por una presunta infracción constitucional, aunque rechazó aplicar la misma medida a otros cinco miembros de la JNJ.
Tello fue inhabilitada con solo un voto más de los 66 requeridos por ley, tras lo cual el pleno rechazó una petición para repetir esa votación, que fue planteada por un sector del Legislativo que se oponía a la drástica medida.
Sin embargo, parlamentarios del fujimorismo, la derecha y la extrema izquierda sí aceptaron reconsiderar una primera votación negativa en el caso de Vásquez y superaron por un único voto los necesarios para inhabilitarlo.
El Congreso debatió y votó un informe aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que propuso acusar e inhabilitar durante 10 años a los magistrados por haber permitido que Tello siga en funciones a pesar de haber superado el límite de edad de 75 años para ejercer el cargo.
Sin embargo, tras la votación, Tello consideró que seguía perteneciendo a la JNJ porque aseguró que el parlamentario derechista José Luna no debió votar, ya que es integrante de la Comisión Permanente, cuyos miembros están prohibidos de participar en la decisión final de los juicios políticos.
Ante el reclamo de diferentes legisladores porque la JNJ no oficializaba la inhabilitación de los dos magistrados, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, informó este jueves que había ordenado al procurador del Legislativo que denuncie a Tello por tratar de "mantenerse ilegalmente" en el cargo.
Soto también pidió a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia "que se cumpla de inmediato con lo dispuesto" por el Parlamento bajo la advertencia de que en "caso contrario, ellos también podrían ser pasibles de denuncia".
En medio del enfrentamiento entre el Legislativo y el máximo órgano de la Judicatura, la presidenta Dina Boluarte pidió la semana pasada al Congreso que reflexione acerca del equilibrio de poderes "para garantizar un país democrático, estable y equitativo".
Por su parte, la oficina de Derechos Humanos de la ONU enfatizó que la JNJ "es un actor central para garantizar la independencia judicial, la separación de poderes y el estado de derecho" en Perú.