El organismo señaló las graves restricciones impuestas a los abogados en el ejercicio de sus funciones, especialmente ante las fuerzas de seguridad y los departamentos penitenciarios y correccionales, según un comunicado.
Asimismo lamentó el deterioro de las libertades en el país, "bajo el yugo" del decreto 54, aprobado unilateralmente por el presidente Kais Said en 2022 y que castiga la difusión de noticias "falsas" y rumores en internet con hasta cinco años de cárcel, diez si el afectado es un funcionario público.
Ante la política de dilación adoptada por el poder ejecutivo, la supresión de la libertad de expresión y la confiscación de las opiniones disidentes, el Colegio de Abogados defendió la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo en un tiempo razonable y la liberación de los presos de conciencia.
Para garantizar la independencia judicial, el organismo profesional pidió la creación del Tribunal Constitucional, pendiente desde 2014, y un nuevo Consejo Superior de Magistratura, que fue disuelto a principios de 2022 por el mandatario y remplazado por un órgano "provisional".
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Ese mismo año, Said se confirió el poder de suspender a los jueces en caso de "violar sus deberes profesionales" y les prohibió el derecho a huelga.
Además decretó el cese de 57 jueces por supuestos casos de corrupción y colaboración con terrorismo que continúan apartados de su cargo pese a que un tribunal administrativo falló poco después a favor de 49 de ellos.