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En un comunicado conjunto, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) pidieron a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo "la inmediata confirmación" de la condena al hondureño Roberto David Castillo por el crimen de Cáceres.
Castillo, ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), firma que pretendía construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca, a la que se oponía Cáceres, fue condenado en junio de 2022 a 22 años y 6 meses de prisión tras ser declarado "coautor intelectual" del asesinato de la ambientalista.
En diciembre de 2019 fueron condenados 4 de 8 acusados a 34 años de prisión por el crimen de Cáceres y a 16 por intento de asesinato del mexicano Gustavo Castro. Otros 3 fueron sentenciados a 30 años de cárcel, como coautores del crimen.
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Berta Cáceres fue asesinada a pesar de contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después de denunciar múltiples amenazas de muerte, por oponerse a la construcción de una hidroeléctrica sobre el río Gualcarque, que afectaría a los integrantes del pueblo lenca.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras y la IM-Defensoras lamentaron que después de 8 años del asesinato de Cáceres las sentencias contra los autores materiales y el coautor intelectual "siguen sin ser firmes".
"Las defensoras son el sostén de la vida en sus comunidades. Por eso, cada acción contra las defensoras es un atentado contra la comunidad en su conjunto, que muestra un modelo de desarrollo extractivista, capitalista y depredador, que es profundamente patriarcal y por eso ataca de forma específica y diferenciada a las mujeres", subrayó el comunicado.
Defensa busca evitar ratificación de sentencias
Las organizaciones señalan que la defensa de Roberto David Castillo presentó el 8 de abril una nueva denuncia ante el Ministerio Público contra la perito Brenda Barahona por presunta falsificación de documentos e irregularidades en el proceso.
La denuncia contra Barahona pretende "deslegitimar su actuación" en el juicio contra Castillo, pese a que se demostró que la información presentada por la perito coincide con las que realizó el perito de la defensa, Sean Bodde, señalaron.
"La información extraída de los aparatos telefónicos prueban que David Castillo participó en la planificación, coordinación, ejecución y pago del asesinato de Berta Cáceres", hicieron hincapié las dos organizaciones de derechos humanos.
Consideran además que "este ataque e intento de criminalización de la perito del Ministerio Público busca entorpecer el deber que tiene la Sala de lo Penal de ratificar la sentencia condenatoria contra David Castillo y los demás asesinos de Berta Cáceres".
En 2019, los abogados de Castillo ya habían presentado una denuncia contra Barahona, la que fue desestimada por improcedente.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras y la IM-Defensoras pidieron a la comunidad nacional e internacional estar "alertas y vigilantes" del funcionamiento del sistema de justicia de Honduras para garantizar al pueblo lenca "el efectivo acceso a la verdad, justicia, reparación y a medidas de no repetición".