Durante su reunión con el Ejecutivo, el mandatario defendió la necesidad de modificar el artículo 96 como una demanda popular que reclama la rendición de cuentas "y no un ajuste de cuentas".
Para ello, el madatario propuso incluir como delito "el acto de abstenerse deliberadamente de ejecutar una orden vinculada a sus funciones con el objetivo de obstaculizar el buen funcionamiento del servicio público".
El texto actual recoge penas de hasta diez años de prisión y una multa equivalente al beneficio recibido o daño provocado a quien "utilice su puesto y con ello obtenga para sí o proporcione a un tercero una ventaja injustificada, cause perjuicio a la administración o contravenga la normativa que regula estas operaciones con el fin de conseguir el beneficio o perjuicio".
Esta modificación, explicó, forma parte de las reformas legislativas encaminadas a lograr un equilibrio entre los objetivos de la política contra la corrupción y la eficiencia del trabajo administrativo.
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Una semana antes, Said recibió el informe preliminar de la comisión encargada de auditar las contrataciones en la Administración pública desde la revolución de 2011 hasta el 25 de julio de 2021, fecha en la que el mandatario se arrogó plenos poderes "para preservar la paz social".
Aunque no hizo públicos los resultados, denunció la existencia de miles de diplomas falsos y pidió a la Fiscalía que investigue dichos expedientes.
Durante este periodo el número de funcionarios pasó de 400.000 a cerca de 700.000 en un país que cuenta con una población de doce millones de habitantes.
Esta fue una política habitual durante el régimen de Zine El Abidine Ben Ali (1987-2011) para calmar las protestas sociales pero también durante la transición, caracterizada por la inestabilidad política y durante la cual se han sucedido una decena de Gobiernos.
En septiembre Said urgió "sanear" la función pública que, aseguró, ha sufrido miles de contrataciones masivas basadas en "diplomas falsos, nepotismo y favoritismo". Además acusó a los funcionarios corruptos de la huida de inversores extranjeros y la pérdida de oportunidades de empleo debido al bloqueo de proyectos estatales y su complicidad con grupos de presión o partidos políticos para monopolizar la riqueza del país.
Su mandato termina el próximo 23 de octubre, aunque todavía no ha convocado elecciones presidenciales ni se ha pronunciado sobre su posible candidatura mientras la oposición defiende el boicot ante el encarcelamiento de una treintena de opositores por "complot contra la seguridad del Estado".