Según indicaron a EFE fuentes de la investigación, siete de los ocho detenidos ingresaron en prisión, después de seis registros.
La organización criminal captaba a las víctimas "mediante engaño, beneficiándose de su situación de vulnerabilidad", y una vez estaban bajo su control, les retiraban sus documentos para que no pudieran irse y les pedían que les pagasen la supuesta deuda económica que habían contraído, para lo que las obligaban a prostituirse bajo amenaza.
La Guardia Civil comprobó que los integrantes de la banda tenían una "sólida jerarquía", con roles "perfectamente definidos" en lo relacionado con la captación, traslado y explotación final.
Las detenciones se llevaron a cabo en las provincias gallegas de Orense y La Coruña y en Madrid.
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La operación sigue abierta y parte de las actuaciones se encuentran bajo secreto de sumario.
Fuentes del Gobierno regional de Galicia confirmaron que han puesto en marcha su programa de ayuda y atención a las víctimas liberadas.
Por otra parte, la red gallega de casas de acogida atiende en este momento las necesidades de las víctimas de la organización desarticulada a nivel psicológico, terapéutico y jurídico.