En una resolución adoptada por 66 votos a favor y cuatro en contra, la APCE subraya que ese texto promulgado a comienzos de mes es "incompatible con los estándares democráticos y de derechos humanos".
Además, considera que la aprobación de una ley así no es un acto aislado, sino "la culminación de una serie de acontecimientos que claramente indican que el país está dando la espalda a la democracia. Esta tendencia tiene que revertirse".
Los parlamentarios señalaron que la situación de Georgia genera "serias dudas" sobre sus compromisos con las reglas democráticas, con su integración en el universo euroatlántico y con sus obligaciones en tanto que miembro del Consejo de Europa.
Uno de los aspectos más cuestionados de la nueva legislación es que las ONG y los medios de comunicación para los que más de un 20 % de su financiación procede del exterior tendrán que presentar una vez al año declaraciones públicas y las primeras lo tendrán que hacer en septiembre.
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Una disposición que los autores han justificado porque una gran parte del dinero con que se financian los medios y las ONG es poco transparente y puede ser destinado a acciones de desestabilización en vísperas de las elecciones parlamentarias del 26 de octubre.
La tramitación de la ley se hizo en medio de fuertes protestas de la oposición en las calles y críticas desde el extranjero. Incluso la presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, le puso su veto, que finalmente fue levantado por los legisladores.
La APCE, el órgano parlamentario de una organización de la que Georgia es miembro y que defiende el Estado democrático de derecho y los derechos humanos, se queja de que se hayan incluido enmiendas para cambiar las reglas electorales pese a las recomendaciones en sentido opuesto de la Comisión de Venecia, una instancia de expertos constitucionalistas.
Para los parlamentarios del Consejo de Europa, eso va a tener "un gran impacto en la percepción y en la confianza en la imparcialidad y la equidad de la administración electoral".
Igualmente muestran su "profunda aprensión" ante los proyectos de ley sobre la "protección de la familia y los valores de los menores" que se están examinando porque son "incompatibles con los estándares de los derechos humanos internacionales".
Pese a la dureza en los términos de esta resolución, la APCE reiteró su voluntad de cooperar y de mantener "un diálogo constructivo y abierto con las autoridades" de esa república del Cáucaso, así como "con todas las otras fuerzas políticas y sectores de la sociedad de Georgia".