Terán, que actualmente se encuentra en prisión provisional acusado de delincuencia organizada en el caso Metástasis, una trama de corrupción judicial que reveló las infiltraciones del crimen organizado en el aparato judicial, será enjuiciado como presunto autor directo del delito de obstrucción a la justicia.
En la misma condición será juzgada Barreno, mientras que los exfuncionarios del Consejo de la Judicatura Milton A., Santiago C., Carlos G. y Andrés J. serán parte del juicio como cómplices, según detalló este lunes la Fiscalía General del Estado en un comunicado.
El juez que realizó el control de la acusación dictó el sobreseimiento de la causa para cinco procesados, una decisión que fue apelada por el Ministerio Público al considerar que existen suficientes elementos de convicción que demostrarían su participación en el delito.
En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio –que se desarrolló durante varios días–, el fiscal general del Estado adjunto Wilman Toainga mencionó que en el año 2022 se inició una investigación previa por el delito de tráfico de influencias contra los exvocales del Consejo de la Judicatura, Juan José M. y Maribel B., y que posteriormente se solicitó la formulación de cargos ante la Corte Nacional de Justicia.
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Luego del sorteo correspondiente, la competencia para tramitar dicha causa recayó en el juez Walter Macías Fernández, quien señaló la audiencia para el 4 de mayo de 2023, misma que no se instaló, debido a que –un día antes (3 de mayo)– Barreno presentó una demanda de recusación en su contra.
Sin embargo, el 11 de mayo de 2023, los integrantes del pleno del Consejo de la Judicatura suspendieron de sus funciones al juez Macías, amparados en los informes técnicos y memorandos emitidos por sus subalternos, a pesar de que –horas antes– la demanda de recusación había sido rechazada.
Asimismo, Toainga refirió que el 8 de mayo de 2023 se presentó una denuncia administrativa en contra del juez Macías, en el marco del denominado caso 'Las Torres'.
Esa denuncia administrativa se refería a una presunta infracción al no haber informado al presidente de la Corte Nacional sobre la demanda de recusación en contra de un juez del tribunal de dicha causa y la emisión de la sentencia oral, cuando se encontraba suspendida la competencia de este último, sin que la sentencia del juicio de recusación se encontrara ejecutoriada.
El Consejo de la Judicatura calificó a esta denuncia administrativa como “infracción gravísima” y destituyó al juez Macías. Esa decisión fue tomada con dos votos favorables, cuando se requerían tres votos para que se pudiera aprobar la destitución.
Recientemente, Terán y Barreno se salvaron de ser inhabilitados para ejercer cargos públicos en un juicio político desarrollado en su contra en la Asamblea Nacional (Parlamento), que no obtuvo los votos suficientes para aprobar las sanciones ante la abstención del correísmo.