El veredicto del juicio por este "crimen de lesa humanidad", ejecutado por las fuerzas de seguridad bajo el mando de Camara, "ofrece una justicia largamente esperada por las víctimas y los supervivientes casi 15 años después de los brutales abusos de la masacre", señaló este jueves en un comunicado Tamara Aburamadan, la asesora de justicia internacional de Human Rights Watch (HRW).
"El deber de investigar y enjuiciar los delitos graves recae ante todo en las autoridades nacionales. Es crucial que las autoridades nacionales y sus socios internacionales redoblen sus esfuerzos para hacer justicia", añadió Aburamadan.
Asimismo, en otro comunicado, Drissa Traore, abogado y secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), se mostró también satisfecho por la sentencia, que describió como "una victoria para todos los hombres y mujeres que llevan 15 años luchando para que se haga justicia".
Por su lado, el vicepresidente de la Organización Guineana de Derechos Humanos (OGDH) afirmó que "este dictamen rompe el ciclo de impunidad de las graves violaciones de derechos humanos que vienen cometiendo regularmente desde 1958 las fuerzas de defensa y seguridad y los altos cargos políticos en Guinea".
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En la mañana del 28 de septiembre de 2009, las fuerzas de seguridad guineanas irrumpieron en un estadio de la capital, Conakri, y abrieron fuego contra decenas de miles de simpatizantes de la oposición que se habían reunido pacíficamente allí para protestar contra la junta militar de Camara, quien había tomado el poder el año anterior con un golpe de Estado.
Al menos 156 personas murieron y decenas desaparecieron, mientras 109 mujeres sufrieron brutales agresiones sexuales, según el informe de una comisión de investigación internacional encargado por las Naciones Unidas y publicado tres meses después de los hechos.
Las mujeres sufrieron violaciones individuales y colectivas, así como ataques sexuales con objetos como palos, porras, culatas de rifles y bayonetas, según denunciaron oenegés locales durante el juicio, iniciado en 2022, trece años después de la matanza.
Tras la masacre, la junta militar llevó a cabo una operación organizada para encubrir los hechos, mientras una investigación de HRW denunció ese mismo año que estos abusos constituían crímenes de lesa humanidad.
Además de al expresidente Camara, el fallo anunciado este miércoles condenó a otros seis procesados a penas de entre diez y veinte años, mientras absolvió a otros cuatro encausados.
Otro inculpado, Claude Pivi, ministro de Seguridad Presidencial por entonces y que se encuentra fugado desde el pasado noviembre, fue condenado en ausencia a cadena perpetua.
Entre los procesados se encontraban destacados miembros del antiguo Gobierno, como el teniente Aboubacar Diakité 'Toumba', ayudante de campo personal del líder militar, quien también fue declarado culpable de crímenes contra la humanidad.
Los jueces concedieron también entre 200 millones y mil millones de francos guineanos (entre unos 21.523 y 107.614 de euros) para los grupos de víctimas, "incluidas las que han sufrido traumas físicos y psicológicos", detalló HRW.