El tribunal de primera instancia de la capital consideró que Moussi, en prisión provisional desde octubre pasado por un supuesto caso de "ataque destinado a cambiar la forma de gobierno", cometió un delito contra la Instancia Superior Independiente Electoral (ISIE) después de criticar su rendimiento en un comunicado difundido a principios de 2023 y en virtud del un decreto que castiga los rumores y noticias "falsas" con hasta diez años de cárcel.
Su comité de defensa asegura que las declaraciones de su presidenta están "basadas en análisis objetivos" y denuncia una persecución judicial para excluir a la abogada de la vida política y de las presidenciales que, según los escasos sondeos publicados, sería la segunda candidata más votada tras el presidente Kais Said.
La formación conservadora afirma haber depositado su expediente de candidatura, pero el ISIE ha aclarado que quienes se encuentran arrestados no pueden fijar su residencia ni realizar su campaña electoral conforme a la ley.
Por su parte, el mandatario registró este lunes su candidatura para optar a un segundo mandato de cinco años con el fin de "continuar el camino de la lucha por la liberación nacional" iniciado, según él, después de arrogarse plenos poderes en 2021.
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Partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil advierten del "clima de miedo e intimidación" por la encarcelación de potenciales candidatos así como la represión "contra cualquiera que critique la actuación o la parcialidad" de la ISIE.
El próximo 11 de agosto la instancia se pronunciará sobre los expedientes recibidos- media decena hasta el momento- dando inicio al periodo de recursos, y publicará la lista definitiva el 3 de septiembre.
Los candidatos deben ser de confesión musulmana, poseer exclusivamente la nacionalidad tunecina, tener padres y abuelos tunecinos, haber cumplido al menos 40 años y no haber sido condenado por delitos electorales como la financiación extranjera o compra de votos.
Además deben obtener las firmas de apoyo de diez diputados de las dos cámara legislativas, el Parlamento y el recién estrenado Consejo Nacional de Regiones y Distritos (CNRD); 40 presidentes de concejos locales, regionales y municipales o 10.000 electores inscritos distribuidos en al menos 10 circunscripciones.