"En un contexto marcado por la represión de numerosas voces disidentes, el arresto de Ben Sedrine plantea serias preocupaciones sobre el respeto del derecho a la libertad de opinión y de expresión en Túnez y tiene un efecto disuasorio sobre periodistas, defensores de derechos humanos y la sociedad civil en general", señalaron en un comunicado conjunto.
El texto está firmado por el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Bernard Duhaime; la Relatora Especial sobre la libertad de opinión y expresión, Irene Khan; y la Relatora Especial sobre la situación de defensores de derechos humanos, Mary Lawlor.
La militante y periodista es acusada por la Justicia de haber falsificado un capítulo del informe final de la Comisión presentado en 2020 y relacionado con la corrupción en el sistema bancario con el objetivo, subrayaron, de "desacreditar" su contenido ya que podría dar lugar a procedimientos contra los presuntos autores bajo regímenes anteriores.
La IVD, clave durante la transición democrática, fue creada en 2014 con el objetivo de investigar la corrupción y las violaciones de los derechos humanos cometidas entre 1955 y 2013, que abarca desde el fin del protectorado, los regímenes de Habib Bourguiba- considerado padre del Estado tunecino- y Zine El Abidine Ben Al, hasta la post-revolución.
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Durante los cinco años de mandato recibió 62.000 denuncias de particulares y organizaciones y llevó a cabo decenas de sumarios a través de tribunales especializados, en los que fueron incriminados antiguos ministros y altos cargos del Estado, incluido Ben Ali.
En su informe incluía propuestas para reformar instituciones como el poder judicial y el aparato de seguridad y estas debían ser ejecutadas por el Gobierno durante el plazo de un año pero el proceso fue boicoteado por la clase política ya que una gran parte de la opinión pública consideró que las indemnizaciones destinadas a las víctimas priorizaba a los militantes islamistas.
En declaraciones a EFE meses antes, la detenida reveló enfrentarse desde finales de 2022 a seis procesos "vacíos" por su labor en esta institución, por lo que se le prohibió abandonar el territorio, y denunció la utilización de la Justicia por parte del Ejecutivo, que ascendía o transfería a aquellos magistrados que no seguían sus instrucciones.
En un comunicado difundido días antes por una veintena de organizaciones humanitarias acusó al presidente Kais Said- que se arrogó plenos poderes en 2021 para "preservar la paz social"- de tratar de "enterrar" el proceso de la justicia transicional y recordó que la ley prohíbe procesar a los miembros de la comisión sobre la base del contenido de dicho informe.
Said concurrirá en las próximas presidenciales del 6 de octubre mientras la mayoría de opositores que anunciaron su intención de participar están siendo procesados por la Justicia o se les ha impedido obtener el certificado de antecedentes penales, imprescindible para registrar su candidatura.