En este informe, titulado 'Actuación contra el terrorismo yihadista en España', se explica que estas expulsiones se llevaron a cabo después de que el condenado hubiera cumplido su pena o cuando la presencia del arrestado se considerase una amenaza para la seguridad nacional.

Las expulsiones de este tipo de personas son el resultado de un largo proceso administrativo, ya que algunos recurren a la Justicia la decisión del Ministerio del Interior, aunque en la mayor parte de las veces las resoluciones de los tribunales avalan la decisión del Gobierno.

Además de las 35 expulsiones y una salida voluntaria, a lo largo del año pasado se produjo la excarcelación por cumplimiento de condena de yihadistas que habían sido capturados en operaciones policiales de años anteriores.