El portavoz presidencial, Manuel Adorni, informó en su habitual rueda de prensa en la sede del Ejecutivo que la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 7 requirió al Gobierno nacional, mediante dos oficios, "diferentes datos, los cuales efectivamente van a ser aportados".
"Ya se remitió a las áreas correspondientes para recolectar la información y cumplir con lo requerido por la Justicia", indicó Adorni.
La Fiscalía, a cargo de Ramiro González, solicitó al Gobierno nacional la nómina del personal doméstico de la residencia presidencial en Olivos, en provincia de Buenos Aires; los registros de los videos de las cámaras de seguridad de la residencia; y el registro de ingresos y constancias de atención médica, según detallan medios locales.
El fiscal también habría solicitado los datos del personal que acompañó a Yáñez durante un viaje a la provincia de Misiones (noreste) en julio de 2021.
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González imputó a Fernández por el delito de lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por darse en un contexto de violencia de género y de amenazas coactivas en perjuicio de su expareja.
En su dictamen, el fiscal afirmó que Yáñez "sufrió una relación atravesada por hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar" asentado "sobre una relación asimétrica y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, la cual se vio acrecentada exponencialmente por la elección de Fernández como presidente", en 2019, y "el ejercicio del cargo", hasta diciembre pasado.
La denuncia de Yáñez se registró después de que la Justicia argentina encontrara conversaciones e imágenes de la ex primera dama presuntamente golpeada en el teléfono móvil de la secretaria del expresidente, en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias a Fernández por la contratación de seguros.