La represión se ha dirigido tanto a individuos que defienden alguna causa, que tienen alguna opinión distinta a la oficial y contra organizaciones independientes y otras iniciativas de la sociedad civil.
Según los datos que ha podido recoger el organismo de derechos humanos de la ONU, hasta el pasado mayo 131 personas consideradas opositoras sufrían detención arbitraria, 54 personas más con respecto a un año antes.
Informaciones más recientes indican que entre junio y julio de este año se produjeron diez detenciones arbitrarias adicionales.
”Las autoridades continúan persiguiendo a cualquier persona u organización que actúe de forma independiente o que no esté directamente bajo su control”, declaró en una rueda de prensa el portavoz de derechos humanos, Thameen Al-Kheetan.
Lea más: Ortega dice que EE.UU. “utilizó” a las ONG para “acabar” con su Gobierno en 2018
El informe documenta también doce casos de torturas y maltratos en detención y siete casos de detenidos que afirman haber sido víctimas de violación, abuso sexual y descargas eléctricas, y tres que denunciaron estrangulamiento de testículos.
”En todos los casos se observaban claramente signos de trastorno de estrés postraumático”, recalca el informe presentado en Ginebra.
Asimismo, el organismo expresó gran inquietud por un proyecto de ley que permitiría el procesamiento de personas en el extranjero por delitos como lavado de dinero, terrorismo y su financiación, y por cibercriminalidad.
”Si esta ley se adopta se criminalizará más la disidencia, incluso en el caso de los que están exiliados y que enfrentan grandes dificultades, como el estar completamente desconectados de sus familias o no poder regresar a su país porque se les ha retirado la nacionalidad”, explicó el portavoz.
”Muchos deben reconstruir sus vidas en el exilio en medio de un estrés psicológico y todo tipo de problemas, y tememos que esta ley agrave su situación”, agregó.
La ONU tiene conocimiento de que los nicaragüenses siguen huyendo del país, lo que se evidencia en las 8.900 solicitudes de asilo presentadas por nicagüenses en Costa Rica en los primeros seis meses de este año.
La Oficina de Derechos Humanos pidió a las autoridades la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente, garantías de juicios justos y del respeto al debido proceso para los procesados, y un retorno seguro y voluntario para los exiliados.