La Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta (ADES) apuntó en redes sociales que la defensa de los también ambientalistas presentó un escrito ante la Cámara Penal de la localidad de Cojutepeque.
El pasado 18 de octubre, el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque dictó un sobreseimiento definitivo al declarar extinta la acción penal los cargos de asesinato y asociaciones ilícitas por un supuesto asesinato cometido en el marco de la guerra civil salvadoreña.
Días después de esta resolución se conoció que la Fiscalía General presentó una apelación contra el fallo, acción que ha sido rechazada por organizaciones civiles y de derechos humanos salvadoreñas.
"La única resolución legal y justa es ratificar el fallo absolutorio de nuestros líderes ambientalistas", añadió ADES.
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La Fiscalía señaló en su momento que "todos los procesados" son excombatientes de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y los acusó del asesinato de María Inés Alvarenga Leiva, el 22 de agosto de 1989, sin que haya dado mayores detalles del caso, puesto bajo reserva.
Los ambientalistas pertenecen a la remota comunidad de Santa Marta, ubicada en el distrito de Victoria, que es reconocida por la lucha de sus pobladores contra la minería metálica y cuyos habitantes atribuyen el proceso penal a la denuncia de la posible reversión de la prohibición minera aprobada en el Congreso en 2017.
Los ambientalistas son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho y Saúl Rivas, quienes, junto a Fidel Recinos -que no pertenece a dicha comunidad-, fueron procesados desde enero de 2023.
Además, fueron juzgados en ausencia Eduardo Sancho, alias Fermán Cienfuegos -uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz de 1992- y Arturo Serrano Ascencio.