Después de varios meses de tramitación, el pasado 7 de noviembre el Congreso despachó el proyecto que establece nuevas regulaciones, entre ellas la restricción del plazo para desplegar este tipo de ceremonias a 24 horas y la penalización de delitos que puedan ocurrir en las mismas.
“Esta ley, como otras que hemos tramitado en nuestro gobierno, son para personas como tú, como tus vecinos y vecinas, para todos los habitantes de San Ramón y de todo Chile que merecen vivir en paz”, afirmó el mandatario desde una comuna popular de la capital chilena.
Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, subrayó sobre la nueva ley: “una restricción a los derechos que todas las personas tienen cuando fallecen, para ellos, incluso para sus cercanos, en beneficio del interés general”.
“Nuestros derechos se terminan cuando empiezan a afectar los derechos de los demás (...) en el caso de los funerales de estas personas hay ya demasiados antecedentes, que su manera de llevar adelante la despedida cuando pierden una persona es a costa de los demás, haciendo sufrir a los demás, amenazando a los demás, festinando con el miedo de los demás”, declaró la secretaria de Estado.
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Concretamente, la ley establece un “catálogo de delitos frecuentes” en este tipo de funerales, los que serán sancionados con alta pena: desórdenes públicos, irrupción violenta, obstrucción de la circulación en la vía pública, saqueos, delitos regulados en la Ley de Control de Armas relacionados con fuegos artificiales, artefactos pirotécnicos y porte de armas blancas.
La determinación si un funeral es de "alto riesgo" quedará en manos de la Delegación Presidencial de cada región, cuya autoridad "debe considerar el informe técnico de Carabineros de Chile. Además, deberá solicitar información a la Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile”, puntualizó Presidencia.
Tanto en la capital chilena, Santiago, como en otras ciudades del país en el litoral central y norteño, los ‘narcofunerales’ son cada vez más frecuentes, eventos que han obligado en múltiples ocasiones a suspender las clases en establecimientos educativos y la vida comunitaria por los riesgos asociados a estas ceremonias.
Durante los últimos años, el combate al crimen organizado se ha perfilado como una de las principales preocupaciones de la población chilena, que resiente un aumento sostenido de delitos violentos y homicidios en diversos puntos del país.