En un comunicado, aseguró que toma la decisión "en el marco de su firme compromiso con España, su país de origen y principal mercado", y abrirá un diálogo con los agentes sociales para guiar el proceso de cambio de modelo.
Según el Ministerio de Trabajo español, la medida beneficiaría a unos 60.000 empleados. Una ley de 2021 prohíbe que las plataformas digitales puedan utilizar a trabajadores autónomos como repartidores.
Glovo, fundada en Barcelona en 2015 y ahora propiedad de la multinacional alemana Delivery Hero, da este paso tras estar en el foco por el uso de la figura de los autónomos, lo que ha llevado a una juez a investigar si ha vulnerado los derechos de los trabajadores. Está previsto que este martes declare como investigado el cofundador y consejero delegado, Oscar Pierre.
Según la compañía, el cambio de modelo se llevará a cabo en todas las localidades donde efectúa entregas, que superan las 900, aunque no concretó cuándo será ni tampoco cuándo se abrirá la mesa de diálogo.
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Añadió que los cambios no afectarán a la disponibilidad de repartidores, que seguirá siendo "en cualquier momento del día", ni a los tiempos de entrega.
Otra plataforma del sector, Just Eat España, informó hoy de que presentó una demanda judicial en Barcelona el viernes pasado para reclamar a Glovo 295 millones de euros (310 millones de dólares) por competencia desleal al recurrir a "falsos autónomos".
Una denuncia de la Fiscalía
La investigación judicial contra Glovo comenzó a partir de una denuncia de la Fiscalía de Barcelona de junio pasado contra el responsable de la compañía por considerar que la empresa "suprime" los derechos de los trabajadores al contratar a "falsos" autónomos.
Los repartidores "se ven obligados a darse de alta como autónomos y a abonar sus propias cotizaciones (sociales) si quieren continuar prestando los servicios para la empresa", entre otros argumentos.
Es "una práctica que no autoriza la legislación laboral (española) -incide la Fiscalía-, y que menoscaba y suprime los derechos que aquella reconoce a los trabajadores por cuenta ajena, tales como los relativos a salario, jornada, descansos, permisos, vacaciones o protección a la Seguridad Social".
Las diligencias de investigación se produjeron a raíz de un informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
La vicepresidenta segunda y ministra española de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, celebró el anuncio de Glovo. "Ninguna empresa por grande que sea, por mucho poder que tenga, ninguna gran tecnológica, puede imponerse a la democracia. Hoy ha ganado la democracia en nuestro país", enfatizó en declaraciones a la prensa en Bruselas.
"Por fin, la empresa Glovo va a regularizar a más de 60.000 repartidores", agregó, y esto supondrá "una recaudación por un importe de 267 millones de euros (280 millones de dólares) y, aparte, el coste de las sanciones".
Aunque los sindicatos ven positivo el anuncio, plantean dudas y desconfían de las intenciones reales de la plataforma.
"Se trata de una medida de protección de los propietarios de Glovo para cubrir su responsabilidad ante la reiterada vulneración de la ley y su competencia desleal" contra las empresas que sí la cumplen, aseguró el responsable de proyectos de proximidad sindical de CCOO, Franz Morales.
Según UGT, actualmente hay un millar de distribuidores legalizados en Glovo y el compromiso de la compañía afecta en teoría ahora a los titulares de las 15.000 cuentas activas de repartidores.