Arana confió en que el Congreso apruebe, a través de la ley de endeudamiento, un presupuesto de 3.000 millones de soles (800 millones de dólares) para construir nueva infraestructura penitenciaria.
El titular de Justicia afirmó que los establecimientos penitenciarios se encuentran operando muy por encima de sus capacidades, con deficiencias graves en su infraestructura y en los servicios básicos como salud.
El Ejecutivo peruano declaró en emergencia el sistema penitenciario por sobrepoblación, dado que éste albergaba a 98.127 personas presas en las 69 cárceles existentes en el país, hasta agosto pasado, a pesar de que las instalaciones tienen capacidad para 41.556 personas.
Por ese motivo, el ministro añadió que se ha creado el grupo de trabajo sectorial de naturaleza temporal para elaborar propuestas para enfrentar la reestructuración y el fortalecimiento del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), entidad a cargo de las cárceles en el país.
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Arana explicó que la política nacional penitenciaria al 2030 tiene seis objetivos orientados a reducir significativamente el hacinamiento penitenciario, mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad, asegurar las condiciones de seguridad y de convivencia de la población, así como fortalecer las habilidades para la reinserción de las personas que cumplen sus condenas.
El ministro aclaró que no se van a cerrar penales que hayan superado su capacidad, sino que no se admitirán más internos en esos locales.
Arana fue convocado por el Parlamento a una sesión de interpelación para que responda sobre la situación del sistema penitenciario, el hacinamiento en las cárceles y el déficit de la capacidad penitenciaria en el país.