El equipo legal de Yoon presentó la solicitud ante el tribunal del Distrito Central de Seúl que se dispone a juzgar al presidente a partir del 20 de febrero por un delito de insurrección, por el que la Fiscalía lo imputó el pasado 26 de enero.
Yoon ha estado ingresado en un centro de detención en Uiwang, al sur de Seúl, desde que los investigadores lo detuvieron en su residencia oficial el pasado 15 de enero.
Según la ley de procedimiento penal surcoreana, un tribunal puede cancelar el arresto de un acusado, bien bajo su propia discreción o a petición de la Fiscalía o el propio acusado, si estima que los factores que justificaron el arresto, como suelen ser el riesgo de fuga o el peligro de destrucción de pruebas, ya no existen.
El tribunal tiene ahora un máximo de siete días para responder a la solicitud de los abogados de Yoon, que por el momento no han señalado públicamente cuál ha sido su argumentario al presentar la solicitud a la corte.
Los fiscales alegan que Yoon, el exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, y varios militares enviaron tropas a la Asamblea Nacional (Parlamento) para evitar que los diputados votaran a favor de levantar la ley marcial y también a la Comisión Nacional Electoral (NEC) para revisar sus servidores informáticos ante la creencia de que había existido fraude electoral en tiempos recientes en Corea del Sur.
También se les acusa de haber planeado arrestar a figuras políticas clave.
Aquellos culpables de liderar una insurrección son castigados en Corea del Sur con la cadena perpetua o la pena capital, para la cual existe una moratoria desde 1997.
De manera paralela, Yoon está encarando un juicio político desde enero en el Tribunal Constitucional, que debe decidir si ratifica o no su destitución parlamentaria del 14 de diciembre.
En caso de confirmarse su cese, sería necesario convocar elecciones presidenciales adelantadas en un plazo máximo de 60 días tras el fallo del máximo tribunal surcoreano.