"A medida que la UE y los Estados miembros buscan soluciones para gestionar la migración, no deben olvidar su obligación de proteger la vida y los derechos de las personas. Los centros de retorno previstos no pueden convertirse en zonas exentas de derechos", afirma la directora de la FRA, la jurista finlandesa Sirpa Rautio.
El estudio detalla las garantías legales necesarias antes de poner en marcha estos centros, como el respeto a los derechos fundamentales, la necesidad de acuerdos jurídicamente vinculantes para proteger a las personas afectadas y la creación de mecanismos independientes de supervisión de los derechos humanos.
Estos centros, situados fuera de la UE, acogerían temporalmente a migrantes con órdenes de salida o rechazados por un estado miembro a la entrada al bloque, y permanecerían allí hasta que las autoridades nacionales o la agencia europea de Guardia de Fronteras (Frontex) gestionen su repatriación a su país de origen.
Aunque estén fuera del territorio de la UE, estos centros "no son zonas exentas de derechos", advierte el documento de la FRA, ya que la normativa comunitaria sigue aplicándose y tanto los Estados miembros como Frontex serían responsables de cualquier vulneración de derechos en los centros o durante los traslados.
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Para que la creación de estos centros sea compatible con la legislación de la UE, deben darse garantías claras, como que cada persona trasladada cuente con una decisión legal que ordene su salida, basada en una evaluación individual.
Además, la normativa de la UE prohíbe la detención arbitraria y el traslado de personas con riesgo de sufrir perjuicios graves o tratos degradantes. Grupos vulnerables, como ancianos o personas con discapacidad, requieren especial protección, y los menores no deberían ser enviados a estos centros en ningún caso, resume el estudio.