"La demolición deliberada de viviendas e infraestructuras civiles por parte de Israel y el uso de armas explosivas en zonas pobladas están haciendo imposible que muchos residentes regresen a sus aldeas y casas", señaló en un comunicado el investigador para el Líbano en HRW, Ramzi Kaiss.
El pasado 27 de noviembre entró en vigor el alto el fuego entre Israel y el grupo libanés chií Hizbulá, que luego fue extendido hasta mañana martes 18 de febrero, plazo en el que las tropas israelíes deberían retirarse completamente del territorio libanés ocupado.
No obstante, en todo este tiempo ha habido incumplimientos por ambas partes y el Ejército israelí ha seguido atacando el sur, zona chií donde Hizbulá mantienen una gran influencia.
La ONG recordó que desde el alto el fuego el Estado de Israel ha matado a al menos a 57 personas en el Líbano, incluidas al menos 26 que intentaban regresar a aldeas que siguen ocupadas por sus tropas, incumpliendo la tregua.
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En cuanto a los desplazados, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) calcula que hasta el 5 de febrero "casi 100.000 personas siguen desplazadas en el país" por el conflicto.
"Entre octubre de 2023 y diciembre de 2024, los ataques israelíes en Líbano mataron a más de 4.000 personas y desplazaron a más de un millón. Decenas de miles de viviendas, empresas y establecimientos agrícolas de todo el Líbano han resultado dañados", según datos de la ONU recogidos por la ONG.
Las personas afectadas por la guerra "deberían poder ejercer sus derechos" a reparaciones, vivienda, educación, electricidad, agua y atención sanitaria, entre otros servicios esenciales, insistió HRW.
La comunidad internacional prometió más de 750 millones de dólares estadounidenses en ayuda humanitaria para apoyar la reconstrucción en el Líbano, pero el Banco Mundial estimó en octubre que los daños superan la cifra ya que "solo las estructuras físicas" ascenderían a 3.400 millones de dólares.
El director de la Asociación de Servicios de Rescate de Emergencia de Nabatieh, Mahdi Sadeq, sostuvo que los "donantes deben priorizar la prestación de servicios que permitan a los residentes regresar y vivir en sus aldeas".
HRW pidió al nuevo Gobierno libanés que debe "seguir trabajando con los donantes para brindar apoyo a la reconstrucción, siempre que evalúe y publique adecuadamente los costes de los daños causados por la guerra y publique periódicamente información sobre las asignaciones de fondos, los gastos y los resultados".
"Sin acceso a vivienda, agua y electricidad, cientos de miles de personas en todo el Líbano siguen sufriendo las consecuencias de la guerra", afirmó Kaiss, quien incidió en "priorizar la reconstrucción de la infraestructura crítica y la prestación de servicios públicos de manera transparente, responsable y libre de corrupción".