El exmagistrado, capturado el pasado jueves por la Policía por supuesto enriquecimiento ilícito en perjuicio de la Administración Pública, es uno de los testigos de la defensa de los ambientalistas en el proceso, cuyo juicio estaba programado para comenzar el pasado 4 de febrero pero fue pospuesto para abril.
Peter Nataren, representante de la remota comunidad Santa Marta a donde habitan los líderes comunitarios, indicó en una conferencia de prensa que en la comunidad "lamentamos y rechazamos categóricamente la detención" porque "esto también afecta el proceso".
Apuntó que esta situación "no va a garantizar la participación de Eugenio Chicas como testigo" lo que catalogamos como "una maniobra muy oscura en este proceso contra él, en un momento donde sabemos que hay una persecución clara".
Nataren recordó que "la participación de Chicas en octubre pasado fue muy importante", en referencia al juicio que se realizó en ese mes y en el que se sobreseyó a los acusados.
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Entre tanto, Steffany Chicas, pareja del exmagistrado, indicó en la misma conferencia de prensa que Chicas "es víctima de persecución política" y que "sus derechos constitucionales están siendo violados, como los de miles de salvadoreños inocentes capturados bajo el régimen de excepción", una medida para "combatir" a las pandillas.
"Eugenio es víctima de persecución política ante su valentía de declarar en el caso de los luchadores contra la minería de Santa Marta y es víctima de una venganza personal por haber hecho pagar el daño que nos hizo (el presidente Nayib Bukele) al mentir sobre nuestra familia", dijo.
En 2019, el exmagistrado enfrentó un proceso penal que involucró a Bukele.
El entonces presidente electo ofreció disculpas a Chicas por acusarlo públicamente de violar a una menor de edad y pactó el pago de 50.000 dólares para concluir un juicio por calumnia, cuando el actual mandatario aún no asumía la Presidencia.
"A Eugenio, como a miles de salvadoreños inocentes encarcelados, le han aplicado una persecución de culpabilidad. A Eugenio se le han suspendido sus derechos constitucionales, lo que confirma que el régimen de excepción es también para callar a voces disidentes y no solo para combatir maras y pandillas", añadió Chicas.
El exmagistrado, que en noviembre de 2024 fue condenado en un proceso civil a reintegrar al Estado más de 200.000 dólares, será presentado ante los tribunales "en los próximos días", de acuerdo con la Fiscalía.
Eugenio Chicas se desempeñó como secretario de Comunicaciones en el Gobierno del excomandante guerrillero Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) y llegó al TSE y al Parlamento Centroamericano bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda).
Chicas enfrentó un juicio civil por enriquecimiento ilícito, aunque la Fiscalía no indicó en ningún momento del proceso en su contra si la demanda civil surgió de una investigación administrativa de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como se ha dado en otros casos, incluso de expresidentes.