Toni Greblă, de 71 años, que fue senador socialdemócrata y juez del Tribunal Constitucional, había perdido la confianza del Gobierno de gran coalición después de varias irregularidades durante la campaña de las elecciones presidenciales, que se repetirán el próximo mayo.
Varias ONG y el partido opositor USR habían pedido su dimisión por la forma en que manejó las elecciones presidenciales de finales del año pasado.
La USR mantiene que la AEP no cumplió con su deber de verificar las finanzas de los candidatos presidenciales, en referencia a Călin Georgescu, el ultranacionalista que ganó la primera vuelta de las elecciones con una campaña en redes sociales que aseguró había tenido un coste cero.
Georgescu está desde ayer acusado por la Fiscalía de financiación ilegal de su campaña, de haber creado una organización fascista y de haber atacado el orden constitucional.
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Greblă se ha defendido diciendo que la AEP se dio cuenta de que "algo no estaba bien" y lo notificó a las autoridades fiscales y a la Fiscalía una vez que terminó la campaña electoral.
A Greblă se le achaca también haberse subido el sueldo ilegalmente y haber perjudicado al presupuesto de la AEP por haber trasladado una de las sedes de la institución a otro edificio.
El Tribunal Constitucional anuló el pasado diciembre todo el proceso electoral, antes de que Georgescu fuera acusado, debido a las sospechas de financiación ilegal y de injerencia de un Estado extranjero, que Estados Unidos y los medios rumanos identifican con Rusia.