Desde principios de enero, varios detenidos en la prisión 10 de Ramadán -que opera desde 2023 y se ubica en la gobernación de Sharqia, al noreste de El Cairo-, iniciaron una huelga de hambre para exigir la liberación de quienes llevan más de seis meses en prisión preventiva, mejoras en las condiciones penitenciarias y la destitución del oficial a cargo del penal, a quien acusan de abusos, afirmó AI en una nota.
"En lugar de abordar las deplorables condiciones de detención en la cárcel 10 de Ramadán, las autoridades intentan silenciar a los presos que denuncian estos abusos castigándolos. Incluso en prisiones modernas como esta, los reclusos siguen sufriendo maltratos a manos de las autoridades penitenciarias, que operan sin la debida supervisión ni rendición de cuentas", lamentó el investigador sobre Egipto en AI, Mahmoud Shalaby.
Tras la protesta, las autoridades trasladaron a al menos tres detenidos a cárceles conocidas por sus duras condiciones de reclusión y que, según denunciaron a AI algunos de los familiares de los afectados, son centros que se encuentran a kilómetros de donde reside la red de apoyo del detenido, lo que dificulta las visitas.
En este sentido, AI aseveró que las autoridades egipcias debían "permitir el acceso sin restricciones y sin previo aviso de observadores nacionales e internacionales a las cárceles del país", con el fin de que estos puedan garantizar que se cumplen las condiciones de detención según el derecho y los estándares internacionales.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
De acuerdo con los familiares de los presos trasladados, los detenidos permanecen en sus celdas "23 horas al día y solo pueden hacer ejercicio durante una hora en un corredor dentro del edificio" y que además, las autoridades restringieron las visitas a una de 20 o 30 minutos al mes, cuando lo estándar es permitir visitas semanales de una hora para los detenidos preventivos y dos visitas al mes para los condenados.
Basándose en investigaciones sobre 16 cárceles en Egipto, AI documentó que las autoridades penitenciarias "someten a los presos de conciencia y a otros detenidos por motivos políticos a torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes" y que se les "niega deliberadamente el acceso a atención médica, lo que pone en riesgo su salud y vida".