"No hemos recibido ninguna comunicación referente a una circular roja" de Interpol para detener a Duterte, afirmó la portavoz de la oficina presidencial, Claire Castro, en una rueda de prensa.
El expresidente participó ayer en un evento político en Hong Kong dirigido a emigrantes filipinos, con motivo de las elecciones a mitad de mandato que tendrán lugar el próximo 12 de mayo, un viaje que desató una ola de especulaciones sobre una posible orden de detención de la CPI.
"Por el momento, no contemplamos que el (ex)presidente vaya a escapar de la justicia. Todo es un poco hipotético, pero no podemos considerar que podría escapar" en caso de una orden de arresto, dijo Castro, "teniendo en cuenta" que él mismo ha desafiado a la CPI a detenerlo en varias ocasiones.
La portavoz de la Policía de Filipinas, Jean Fajardo, también aseguró hoy que carece de información sobre una supuesta orden de arresto de la CPI.
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Sin embargo, las fuerzas de seguridad del país asiático están "completamente preparadas para cualquier eventualidad" y añadieron que colaborarán con Interpol si el organismo internacional ordena la detención de Duterte.
Por su parte, la Fiscalía de CPI rechazó "hacer comentarios sobre las investigaciones en curso" a la cadena de televisión GMA.
El propio exmandatario se refirió ayer en Hong Kong a las especulaciones, al señalar que "la noticia es que hay una orden de detención". "Si este es mi destino, está bien, lo aceptaré", dijo Duterte, que el pasado noviembre ya retó a la CPI a acelerar las pesquisas.
Los rumores sobre su arresto han proliferado en Filipinas. El medio local Rappler afirmó el sábado haber recibido información sobre la orden de detención según "fuentes informadas", mientras el diario Manila Times señaló hoy que la Policía se encuentra "en alerta" y dispuesta a desplegar a "miles" de efectivos.
La portavoz de la Policía desmintió hoy que un despliegue policial en la ciudad sureña de Davao, bastión de Duterte, estuviera relacionado con el expresidente y señaló que se trata de unas maniobras en preparación a la celebración de las elecciones a mitad de mandato.
Duterte llevó a cabo una guerra contra las drogas durante su mandato, entre 2016 y 2022, en la que murieron unas 6.000 personas en operativos antidroga y ejecuciones extrajudiciales según las cifras de la Policía, aunque organizaciones no gubernamentales locales elevan esta cifra a más de 30.000.
La Corte Penal Internacional inició una investigación por las ejecuciones extrajudiciales, a pesar de que Duterte retiró a Filipinas del organismo en 2019 para evitar ser implicado, y en 2021 vinculó a las autoridades y fuerzas de seguridad con los crímenes cometidos.