"La decisión de las autoridades georgianas de congelar las cuentas de las organizaciones de la sociedad civil que proporcionaban importante apoyo financiero a los manifestantes detenidos arbitrariamente, ayudándoles a pagar multas y brindarles representación legal, es otro flagrante ataque contra los derechos humanos", declaró el director adjunto de AI para Europa del Este y Asia Central, Denis Krivoshéev.
Según AI, la medida socava "aún más" los derechos de los georgianos a las reuniones pacíficas y "viola las obligaciones internacionales de Georgia en materia de derechos humanos".
"Las autoridades georgianas deben parar de inmediato la despiadada persecución de la sociedad civil y las protestas pacíficas. La congelación arbitraria de activos debe levantarse sin demora", añadió Amnistía.
El 17 de marzo, cinco ONG georgianas –la Fundación Nanuka, Prosperidad Georgia, Casa de Derechos Humanos de Tiflis, Fondo para la unidad 24/7 y Vergüenza - anunciaron la congelación de sus fondos.
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La oposición del país caucásico demanda desde hace más de tres meses la celebración de nuevas elecciones parlamentarias, tras denunciar como fraudulentos los comicios de octubre de 2024, y protesta contra la decisión del Gobierno de congelar hasta 2028 el diálogo sobre el ingreso en la Unión Europea.