Los crímenes incluyen asesinatos, lesiones, arrestos arbitrarios, tortura, violencia sexual y violaciones sistemáticas al derecho a un juicio justo.
La presidenta de la Comisión, Sara Hossain, presentó al Consejo de Derechos Humanos las conclusiones de las investigaciones que esta instancia ha realizado en los últimos dos años en torno a la muerte de Amini -detenida por su forma de llevar el obligatorio velo islámico- y la represión de las protestas pacíficas que este hecho desencadenó.
Según las evidencias obtenidas a partir del análisis de más de 38.000 pruebas -incluidos documentos producidos por el propio gobierno- y 287 entrevistas a víctimas y testigos, la represión no solo persiste, sino que se ha intensificado en el ámbito físico y digital, ha concluido la Comisión.
"Las víctimas, sobrevivientes y sus familias son hostigadas, intimidadas y amenazadas por buscar justicia. Incluso se les impide hacer duelo por sus seres queridos", denunció Hossain.
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Las sentencias de muerte siguen dictándose contra quienes participaron en las protestas, con diez hombres ejecutados hasta ahora y 14 personas (11 hombres y 3 mujeres) que afrontan una ejecución inminente, señaló.
"El aumento en el uso de la pena de muerte contra mujeres es particularmente preocupante, sobre todo en el contexto de la represión generalizada de las defensoras de derechos humanos", dijo la presidenta de la Comisión ante las delegaciones en el Consejo de Derechos Humanos.
Señaló que un ejemplo reciente de esta represión se dio la semana pasada, cuando cuatro defensoras de derechos humanos fueron arrestadas en la provincia de Kurdistán tras conmemorar pacíficamente el Día Internacional de la Mujer. Todas ellas siguen detenidas.
Otro aspecto considerado alarmante por la Comisión es la criminalización de mujeres y niñas que desafían las normas sobre el velo islámico o hiyab, a pesar de que la ley que obliga a su uso estricto está en pausa.
Pese a ello, algunas de sus disposiciones se siguen aplicando.
"Se han documentado casos de mujeres multadas, privadas de sus vehículos, arrestadas violentamente y condenadas a prisión e incluso a flagelaciones", señaló la instancia investigadora.
Además, sostuvo que el uso de tecnología de vigilancia (reconocimiento facial y aplicaciones de rastreo) para monitorear la vestimenta y conducta de las mujeres representa un grave riesgo para sus derechos y libertades.
La Comisión también denunció de forma particular la situación de los menores de edad que participaron en las protestas y que fueron asesinados o heridos gravemente por municiones con perdigones metálicos, mientras que otros sufrieron violencia extrema en detención y fueron privados del contacto con sus familias o abogados.
"Muchos niños quedaron con secuelas físicas permanentes, como ceguera, y con traumas psicológicos de por vida", lamentó Hossain.