"Desde mediados de febrero de 2025, la violencia ha provocado el desplazamiento de decenas de miles de personas dentro de Sudán del Sur, con 50.000 nuevos desplazados en Nasir y 34.000 en Ulang", indicó en un comunicado la organización.
Estas cifras difieren de las que ayer dio la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), que alertaban de 50.000 desplazados internos en estas mismas zonas.
Por otro lado, ACNUR señaló que hasta el 10 de marzo más de 10.000 personas habían cruzado hacia Etiopía, un aumento significativo en comparación con las 6.900 registradas apenas cuatro días antes, el 6 de marzo.
"La capacidad de absorción en las zonas fronterizas está severamente sobrepasada, y las autoridades locales enfrentan grandes dificultades para gestionar la crisis. Se espera que el número de desplazados siga en aumento, lo que generará una necesidad urgente de asistencia", advirtió el representante de ACNUR en Etiopía, Andrew Mbogori, en cuanto a la creciente llegada de personas, muchas de las cuales se desplazan hasta Matar en busca de refugio.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Según ACNUR, las autoridades son "conscientes del riesgo de tensiones étnicas" por lo que "han manifestado su disposición a asignar tierras en la zona fronteriza para albergar a los nuevos desplazados".
La situación actual en Sudán del Sur es tensa, con un epicentro de violencia ubicado en la ciudad de Nasir, donde las fuerzas gubernamentales y la milicia local denominada Ejército Blanco mantienen combates que ya han forzado al cierre de la unidad de cólera que se encontraba en el lugar.
"La violencia está poniendo en mayor riesgo a las comunidades ya vulnerables y obligando a la suspensión de servicios vitales", dijo, en un comunicado emitido ayer, la coordinadora humanitaria en Sudán del Sur, Anita Kiki Gbeho, que instó "a todos los actores que permitan que el personal humanitario llegue de forma segura" a las zonas afectadas.
Sudán del Sur fue escenario de un lustro de guerra que provocó la muerte de unas 400.000 personas y que terminó con un acuerdo de paz en 2018, un pacto que sirvió para repartir el poder entre el Gobierno y la oposición pero cuyas principales disposiciones nunca se han llegado a implementar.