El canciller cubano, Bruno Rodríguez, acusó en redes de este proyecto -publicado como borrador el viernes en el Registro Federal y que entra en vigor este lunes- a "políticos anticubanos".
"La amenaza de políticos anticubanos de deportar a cubanos que han emigrado a EE.UU. es un acto de cruel cinismo", escribió.
El canciller argumentó, para el caso de los migrantes cubanos afectados, que primero fueron "empujados por el bloqueo económico y estimulados a emigrar" y que posteriormente "el propio Gobierno de ese país les incitó a mentir al llegar a la frontera para protegerlos como refugiados".
Según el proyecto, el parole humanitario expirará el 24 de abril y para entonces todos los que se habían beneficiado de esta medida deberán haber abandonado el país (para evitar permanecer en territorio estadounidense de manera irregular).
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El Departamento de Seguridad Nacional argumenta en el borrador publicado que el programa "ya no representa un beneficio público significativo" para Estados Unidos y que es "incompatible con los objetivos de política exterior" de la Administración de Trump.
La decisión acaba con el parole humanitario, creado bajo el Gobierno de Joe Biden (2021-2025), que permitía a los nacionales de ciertos países residir y trabajar temporalmente en Estados Unidos. Para acceder al programa, tenían que tener el patrocinio de un residente.
Biden decidió lanzar esa iniciativa en 2022 para venezolanos y ampliarla en 2023 a cubanos, haitianos y nicaragüenses como parte de su estrategia para frenar la migración irregular hacia EE.UU., a la vez que comenzó a imponer restricciones al asilo en la frontera con México.
Según los últimos datos del Departamento de Seguridad Nacional, unas 110.000 personas de Cuba, 210.000 de Haití, 93.000 de Nicaragua y 117.000 de Venezuela accedieron a EE.UU. bajo este programa.