La manifestación, que arrancó en la residencia del mandatario israelí en Jerusalén para poner después rumbo a la Knéset, contó con varios diputados de la oposición israelí.
Se espera que los dos proyectos de ley, que supondrán un cambio en la forma de elegir a los jueces, sea aprobados el jueves por la mañana en la Knéset.
Actualmente, el comité responsable de recomendar el nombramiento de jueces está compuesto por nueve miembros, entre jueces en ejercicio, representantes del Colegio de Abogados de Israel, miembros de la Knéset y del Gobierno; de forma que se requiere un acuerdo entre todos para elegir a los jueces.
La reforma planteada por el ministro de Justicia, Yariv Levin, elimina la participación de representantes del Colegio de Abogados de Israel y propone que los nueve miembros sean: el presidente del Tribunal Superior, dos jueces seleccionados por un panel de jueces, un ministro adicional designado por el Gobierno, dos miembros de la Knéset (uno de la coalición y otro de la oposición) y dos abogados, altamente cualificados, seleccionados por la coalición y la oposición.
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"En unas horas, la Knéset aprobará la destructiva ley para la toma política del Comité de Selección Judicial. Esta ley no es un compromiso, sino una transferencia total de poder a los políticos en la selección de jueces", lamentó el presidente del Colegio de Abogados de Israel, Amit Bachar, presente en la protestas, en declaraciones recogidas por la prensa local.
La propuesta también estipula que el nombramiento de jueces en todos los niveles requeriría una mayoría simple, que incluiría al menos un representante de la coalición, un representante de la oposición y un juez.
Se espera que el líder del Partido de Unidad Nacional y también exmiembro del ya difunto Gabinete de Guerra, Benny Gantz, se reúna esta noche con el ministro de Justicia, Yariv Levin, en un "último intento para evitar una guerra civil", dijeron fuentes cercanas, citadas por la prensa israelí.
El presidente del Partido Demócrata, Yair Golan, anunció que sus miembros boicotearán las votaciones finales de la ley y que abandonarán la cámara.
La fiscal general, Gali Baharav-Miara, a quien el Gobierno planea destituir tras aprobar una moción de censura contra ella, ya mostró a principio de mes su oposición a la reforma judicial al considerar que "proyecta una fuerte sombra política sobre el sistema judicial y socava su profesionalismo, independencia y capacidad para exigir responsabilidades al Gobierno".