Así lo anunció el primer ministro libanés, Nawaf Salam, tras la reunión del gabinete desde el palacio presidencial de Baabda, quien aseguró que el nuevo gobernador "debe comprometerse con la política financiera reformista de nuestro gobierno".
"El gobernador debe adherirse a la política financiera de nuestro gobierno reformista, incluida la negociación de un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la reestructuración para preservar el dinero de los depositantes", afirmó Salam.
El cargo de gobernador del denominado Banque du Liban (BdL) es clave para las reformas económicas que exige la comunidad internacional con el fin de intentar salir de la grave crisis económica que atraviesa el país, agudizada por la escalada bélica de Israel de finales del año pasado.
Desde 2023 hasta ahora, Wissam Mansouri ejercía como gobernador interino del Banco Central al no haber durante ese periodo un jefe de Estado que pudiera nombrar a un sucesor para el saliente.
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Souaid es el fundador y socio gerente de la empresa Growthgate Partners y antes, fue director general de Banca de Inversión Global en HSBC Bank (Oriente Medio).
Su experiencia en Oriente Medio comenzó en 1995 y ha abarcado todos los mercados de los países del golfo Pérsico, el Levante, Egipto, Marruecos, así como Irak e Irán, abarcando diversos sectores como la banca, las telecomunicaciones, los minerales, la minería, el petróleo y el gas.
Es licenciado en Derecho por la Universidad de San José (Líbano) y posee un máster en Derecho por la Universidad de Harvard, además de ser miembro del Colegio de Abogados del Estado de Nueva York.
Souaid sucede a Salameh, que ostenta el récord mundial de más años (1993-2023) de forma ininterrumpida en el cargo de gobernador de un banco central.
También es uno de los responsables de la grave crisis económica que atraviesa el Líbano.
De hecho, se encuentra detenido desde el pasado septiembre acusado de malversación, robo de fondos públicos, fraude y enriquecimiento ilícito.
Los cargos están relacionados con una serie de transacciones aparentemente fraudulentas realizadas durante un periodo de tres años entre el intermediario financiero Optimum Invest y la entidad emisora entonces dirigida por él.