"Con la ejecución provisional (de la inhabilitación), los jueces tienen un derecho de vida o muerte sobre nuestro movimiento. Pero no creo que lleguen tan lejos", afirmó en declaraciones al semanario La Tribune Dimanche, publicadas este sábado.
Le Pen, de 56 años, está acusada de haber urdido una trama para que los asistentes que destina la Eurocámara a sus parlamentarios trabajaran en realidad para su partido.
La Fiscalía solicitó contra ella cinco años de cárcel, tres de ellos exentos de cumplimiento, dos efectivos aunque no entre rejas y 300.000 euros de multa.
Pero también pidió para ella cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos con aplicación inmediata, incluso en el caso de una apelación.
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Eso truncaría sus aspiraciones presidenciales para las elecciones de 2027, en las que sería una clara favorita después de haber logrado dos veces llegar a la segunda vuelta y con su partido, la Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés), en clara trayectoria ascendente.
En cualquier caso, el encaje constitucional de la pena de inhabilitación es dudoso, ya que se trataría de una situación inédita.