En el borrador del decreto al que ha tenido acceso EFE y que recibirá enmiendas de la comunidad educativa, el Ejecutivo avisa de que estas medidas "lógicamente afectan por igual a las nuevas propuestas para crear o reconocer una universidad y a las universidades que ya están en funcionamiento".
Además, recalca que serán vinculantes para la creación de un centro universitario informes de varios organismos públicos de evaluación con participación de distintas administraciones.
El decreto pide al promotor de una universidad un aval bancario y detallar si detrás de la universidad hay un fondo de inversión español o extranjero, una multinacional o forma parte de un grupo de universidades ya existente.
La universidad también deberá garantizar en el tercer año de actividad académica el alojamiento a estudiantes equivalente al 10 % de las plazas de enseñanzas de grado, y lo podrá hacer a través de convenios con fundaciones y empresas.
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Por otra parte, deberá captar en convocatorias, programas y contratos de investigación (I+D+I), como mínimo el equivalente al 2 % de su presupuesto total anual en el plazo de cinco años.
"Buena parte de las universidades privadas reconocidas en los últimos años están demostrando un desarrollo muy limitado de las actividades de investigación y de transferencia", incide el Gobierno en la exposición de motivos del decreto.
La normativa apuesta por mayor transparencia en las universidades privadas y plantea, además, la presencia de un 50 % de doctores y doctoras para el conjunto de enseñanzas sobre la totalidad de la plantilla de profesorado, entre otras medidas.