La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Interior, busca subsanar las deficiencias detectadas en inventarios anteriores, garantizar que la población "tenga acceso a estructuras de protección adecuadas" si estalla una guerra y que cada ciudadano sepa a qué refugio dirigirse en caso de emergencia.
Según el proyecto, que se presenta hoy en el Parlamento y se implementará 14 días después de ser aprobado, se establece la obligación de que todos los edificios públicos con un aforo de más de 100 personas o una superficie superior a 2.500 metros cuadrados deberán tener un refugio con el acceso señalizado y han de estar listos para usarse en cualquier momento.
El equipamiento de cada refugio deberá incluir al menos tres litros de agua por persona y día, alimentos de larga duración, botiquines de primeros auxilios, una linterna con baterías de repuesto por cada cinco personas, un teléfono móvil y uno fijo, una zona de descanso para al menos la mitad del número de personas y un dormitorio para la otra mitad.
Además, esos espacios deberán contar con productos de higiene, extintores y planes de evacuación.
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La preparación y mantenimiento de cada refugio se encomendará a los propietarios o administradores, y las autoridades de protección civil llevarán a cabo evaluaciones periódicas del estado de esas instalaciones.
El mantenimiento se actualizará al menos cada cinco años, con ampliaciones o actualizaciones del equipamiento y estructuras necesarios.
Este plan es una respuesta a las críticas surgidas tras un inventario de refugios elaborado en abril de 2023 por el Cuerpo Nacional de Bomberos a petición del Ministerio de Defensa que, si bien identificó espacio suficiente para unas 300.000 personas en refugios antiaéreos y 1,1 millones en sitios parcialmente protegidos, puso en cuestión la seguridad que esos refugios podrían proporcionar.
Según el informe surgido de la inspección, los datos presentados "no eran fiables y podían crear una falsa sensación de seguridad", pues, por ejemplo, consideraban como refugios lugares inadecuados como patios interiores, garajes privados u oficinas de correos.
Según las conclusiones de la inspección, "menos del 4 % de la población podría contar con un refugio real" en caso de amenaza.
El viceministro de Interior polaco, Wiesław Leśniakiewicz, indicó recientemente que "el proceso de construcción de nuevos refugios podría iniciarse este año".
La Ley de Defensa Civil, aprobada el año pasado y en vigor desde el 1 de enero de 2025, asigna el 0,3 % del producto interior bruto (PIB), unos 2.500 millones de euros, a un plan para construir refugios en toda Polonia y a implementar protocolos de actuación para casos de guerra, emergencia o catástrofe natural.
La meta establecida por esta ley es alcanzar una capacidad total de "albergar a un millón y medio de personas" en caso de necesidad.