El texto, que fue adoptado sin necesidad de voto por consenso de los 47 miembros del Consejo (incluidos países como China, Japón, Indonesia o Tailandia), condena también la ejecución de prisioneros políticos y el uso indiscriminado de la fuerza contra los civiles, incluso mediante bombardeos a zonas pobladas.
La resolución pide la liberación inmediata e incondicional del depuesto presidente Win Myint, de la consejera de Estado Aung San Suu Kyi y otros detenidos de forma arbitraria, y también recuerda los graves abusos perpetrados contra minorías como los rohinyá.
A la comunidad internacional se le exige en el texto que respete sus compromisos internacionales y por ello exhorta a cesar toda transferencia ilícita de armas y equipamientos militares a Birmania con el fin de evitar más abusos del derecho humanitario internacional.
El texto extiende durante al menos un año más el mandato del relator especial sobre los derechos humanos en Birmania, un cargo que actualmente ostenta el estadounidense Tom Andrews.
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La resolución denuncia asesinatos, torturas, violencia sexual y de género cometidos contra la población birmana, incluidos manifestantes pacíficos, por parte de la Junta en el poder desde el golpe de Estado de 2021 y grupos opositores armados.