"El verdadero daño a la seguridad se produce cuando un primer ministro, en grave conflicto de intereses debido a las investigaciones penales a sus socios, destituye al jefe del Shin Bet mediante un procedimiento precipitado y defectuoso", aseguró en un comunicado la ONG prodemocracia, una de las partes que ha recurrido su despido ante el Supremo.
El mensaje llega después de que el Gobierno israelí enviase su respuesta al Supremo sobre las peticiones para congelar el despido de Bar, anunciado por el primer ministro el 21 de marzo aludiendo a una supuesta "pérdida de confianza".
"El tribunal no es el foro para determinar quién dirige el Shin Bet. Carece de la autoridad, las herramientas y la responsabilidad que se derivan de estas decisiones, que recaen en el público a través de sus funcionarios electos", dijo en su respuesta, recogida por la prensa local, el abogado privado del Gobierno, Zion Amir (la fiscal general del Estado se opone al despido de Bar).
"El Shin Bet opera bajo la supervisión del Gobierno y sirve a las políticas gubernamentales, pero no a los intereses personales de su líder. Seguiremos exigiendo la intervención del Tribunal Superior de Justicia (Tribunal Supremo) y la protección de los intereses del Estado, el Estado de derecho y el interés público", asegura por su parte el Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel.
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Bar y Netanyahu llevan semanas cruzando acusaciones de cara a la vista que celebrará este martes el Supremo para tratar su despido, muy criticado por la oposición y los grupos prodemocracia.
En una carta a la máxima autoridad judicial el viernes, incluida en las alegaciones contra el despido de la fiscal general y recogida por la prensa israelí, el jefe del Shin Bet aseguró que Netanyahu llegó a pedirle que interviniera para solicitar a los jueces cancelar sus testimonios en su juicio por corrupción por motivos de seguridad.
Según Bar, su negativa a tomar parte en el asunto fue lo que motivó esa "pérdida de confianza" del mandatario.