El pasado 29 de octubre Valencia sufrió un fuerte temporal que causó 228 muertos y cuantiosos daños materiales, pero el Gobierno regional valenciano lanzó una alerta a la población cuando las aguas ya habían inundado gran parte del territorio afectado y cientos de personas estaban atrapadas en sus casas o en sus coches.
El informe de AI, titulado 'Tengo pesadillas en las que suena esa alarma', señala también que la falta de coordinación entre los distintos niveles de la administración (estatal, regional y local) los primeros días posteriores al desastre "y la falta de un enfoque basado en derechos humanos, contribuyó a una sensación de abandono".
"Esta gestión negligente constituye por tanto una violación del derecho a la información, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que establece que la obligación del Estado de salvaguardar vidas incluye la obligación de informar adecuadamente a la población sobre cualquier emergencia potencialmente mortal", añade el informe.
"Las personas con las que hemos hablado coinciden en señalar la desprotección y el desamparo en el que se encontraron antes, durante y después de la dana. El Estado español, en sus distintos niveles, no cumplió con sus obligaciones internacionales de derechos humanos, y por lo tanto es necesaria una rendición de cuentas, mediante investigaciones exhaustivas que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas", afirma el documento.
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Responsabiliza al Gobierno regional
AI coincide con la jueza que investiga este caso en Catarroja (Valencia) en que la gestión de la emergencia en la provincia de Valencia "era responsabilidad directa e inequívoca de la Generalitat Valenciana (Gobierno regional). Le correspondía adoptar las medidas necesarias para alertar a la población y garantizar su protección".
Por otra parte, se advierte también de que el Gobierno central "no ejerció la facultad que le reconoce la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil para asumir la dirección de la emergencia".
El Ministerio de Interior, según consta en el informe, trasladó a la ONG que solo puede ejercer esta facultad previa solicitud del gobierno regional y que como no tuvo lugar, la Generalitat Valenciana era responsable de la dirección de la emergencia.
Pero Amnistía Internacional considera que la ley "otorga al gobierno central la posibilidad de actuar por iniciativa propia cuando la emergencia afecta a más de una comunidad autónoma (región), situación que sin duda se produjo" ese día, ya que el temporal también afectó a otras regiones.
Además, se recuerda que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, no asumió de forma directa la dirección de la emergencia, en aplicación de la ley, "a pesar de la magnitud de la crisis, ni siquiera cuando la situación ya se había desbordado".
A juicio de AI, la responsabilidad internacional del Estado respecto a este tipo de emergencias "es unitaria, es decir, no puede eludirse alegando su diseño institucional interno o su reparto competencial".
Impacto de los bulos
El informe analiza también las consecuencias desestabilizadoras que los bulos tuvieron sobre los derechos humanos de las personas afectadas.
Según concluye, la mejor manera de prevenir las consecuencias negativas de la desinformación, difundida con intención de confundir a la población o no, es que las autoridades creen un sistema fiable y rápido de información precisa.
Señala catorce recomendaciones para las distintas autoridades del Estado, que garanticen que nunca más una gestión negligente de una catástrofe ambiental viole el derecho a la vida y a la integridad física.
Entre ellas, además de que se impulsen investigaciones penales, se reclama la revisión de los sistemas de comunicación y de avisos, la adopción de un "enfoque participativo en los procesos de recuperación" y el desarrollo de "planes de formación en emergencias".