El Tribunal de primera instancia especializado en expedientes antiterroristas celebró la segunda audiencia del caso de "complot contra la seguridad del Estado" en un ambiente "cargado", "de tensión", lo que condujo a la "suspensión temporal de la audiencia", indicó la agencia de noticias oficial TAP.
En su alegato, la abogada Dalila Msadek pidió al tribunal "llevar a los acusados e interrogarlos en la sala de audiencia", y señaló que cinco de los detenidos "están en huelga de hambre por no ser escuchados", añadió.
Para el letrado Samir Dilou, el caso "complot contra el Estado" es "excepcional" y de "opinión pública", lo que requiere "total transparencia" para garantizar los derechos de acusados y el derecho del público en conocer la verdad.
El caso de complot implica a 40 personas, entre ellas destacados opositores políticos acusados de conspirar contra la seguridad interior y exterior del Estado.
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Algunos de los acusados, de todo el espectro político tunecino, estuvieron en prisión preventiva más de lo que permite la ley como el destacado constitucionalista Jahouar Ben Mbarek, que comenzó el pasado 30 de marzo una huelga de hambre para exigir estar presente en el juicio.
Human Right Watch (HRW) denunció el contexto "represivo" en el que se celebra este caso, y denunció la instrumentalización "sistemática" del poder judicial por el presidente, Kais Said, para perseguir a los disidentes y opositores políticos, declaró Bassam Khawadja, representante de Human Right Watch en la región (Mena).
HRW calificó las detenciones de "arbitrarias" y los procesos judiciales "abusivos". "Los graves cargos de conspiración y terrorismo son sin fundamento", añadió Khawadja.
También, la ONG lamentó el retroceso en materia de libertades civiles después de años de reformas democráticas (en el periodo de transición) tras la caída del regímen de Zin al Abidin Benali en 2011.
Por otra parte, el Sindicato nacional de periodistas tunecino denunció en un comunicado hoy la decisión de las autoridades judiciales que prohibieron el acceso a periodistas de medios locales e internacionales para asistir el juicio.
Y tildó esta decisión de "violación de la libertad de prensa" y "ofensa al derecho de acceder a la información".