Fernandes comunicó en un mensaje publicado en sus redes sociales que prefiere continuar en el puesto de vocero en la Cámara Baja de União Brasil, partido de centroderecha que forma parte de la base aliada de la administración del líder progresista.
"Estoy plenamente convencido de que, en este momento, puedo aportar más al país y al propio Gobierno desde la función que ejerzo en la Cámara de Diputados", expresó en su perfil de Instagram.
El pasado 10 de abril, la ministra de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann, anunció a Fernandes como futuro titular de Comunicaciones del Gobierno, tras una reunión que mantuvieron Lula, Fernandes y otros dirigentes de União Brasil.
Según dijo entonces Hoffmann a los periodistas, União Brasil propuso a Fernandes como ministro y Lula "aceptó y lo invitó a asumir el cargo".
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Pero casi dos semanas después, el diputado ha dado marcha atrás y optado por no entrar a formar parte del gabinete de Lula, compuesto por alrededor de 40 carteras.
El congresista expresó sus "sinceras disculpas" al mandatario por rechazar el nombramiento.
También le agradeció el gesto de confiar en él para ser el próximo ministro de Comunicaciones, algo que "jamás olvidará", al tiempo que reforzó su disposición para promover el "diálogo institucional, siempre a favor de Brasil".
Fernandes iba a sustituir a José Juscelino Filho, quien renunció tras ser denunciado por la Fiscalía brasileña por supuestos desvíos de recursos públicos durante su anterior mandato como diputado federal.
Esa fue la primera denuncia contra un integrante del primer escalón del Ejecutivo de Lula, aunque su peso dentro del mismo es mínimo y las supuestas irregularidades habrían ocurrido antes de su etapa como ministro.
Las sospechas que pesan sobre Juscelino Filho, también de União Brasil, se remontan a 2021, cuando ejercía como diputado, cargo desde el cual presuntamente destinó una suma millonaria de recursos públicos a obras que favorecieron a familiares suyos.
El monto investigado correspondería a partidas presupuestarias que los parlamentarios pueden solicitar y dirigir a proyectos de interés en los estados en los que fueron elegidos.