"Según la Red Siria de Derechos Humanos, 24.200 detenidos fueron liberados, una fracción de las más de 100.000 personas que se creen desaparecidas en ese tipo de instalaciones, lo que levanta preguntas sobre el paradero de los desaparecidos", advirtió en su informe 'El estado de los derechos humanos en el mundo'.
La organización también atribuyó prácticas ilegales de detención en el país a otros actores, incluida la alianza islamista Organismo de Liberación del Levante (HTS, en árabe), que lideró la ofensiva para hacer caer a Al Asad bajo el mando del actual presidente interino sirio, Ahmed al Sharaa.
"En la provincia de Idlib, HTS reprimió la libertad de expresión sometiendo a periodistas, activistas y cualquiera que criticara su mandato a detención arbitraria sin acceso a un abogado o a miembros de su familia", indicó AI.
Hasta que Al Asad fue depuesto, la coalición islamista mantuvo una administración paralela en las áreas bajo su control en el noroeste del país, la mayoría en Idlib, entonces considerada el último bastión opositor en Siria.
Por otro lado, el informe destaca que "todas" las partes del conflicto sirio y sus aliados siguieron perpetrando a lo largo del pasado año "ataques ilegales contra civiles y objetivos civiles en el norte de Siria, matando e hiriendo civiles y destruyendo infraestructura civil".
AI recordó que las tropas de Al Asad, apoyadas por su aliada Rusia, intensificaron los ataques aéreos contra la región y que decenas de civiles perdieron la vida durante la ofensiva lanzada por grupos islamistas y opositores que en cuestión de semanas llevó a la caída de su régimen.
Asimismo, Turquía, principal valedora internacional de las nuevas autoridades sirias, siguió atacando objetivos civiles en el noreste del país, controlado por los kurdosirios y donde destruyó "decenas" de instalaciones como centros médicos, infraestructura eléctrica o yacimientos de gas.