"La defensa del Sr. Rodrigo Roa Duterte presenta respetuosamente una impugnación del ejercicio de la jurisdicción por la Corte Penal Internacional en Filipinas", dice el documento presentado el jueves por el principal abogado del exmandatario, Nicholas Kaufman, ante la CPI.
La defensa de Duterte mantiene que el tribunal internacional carece de jurisdicción para investigar la guerra contra las drogas llevada a cabo cuando este era todavía alcalde de la ciudad sureña de Davao y durante parte de su mandato como presidente (2016-2022).
La CPI ordenó su detención al acusarlo del crimen de lesa humanidad de asesinato en el marco de su guerra contra las drogas, que durante su mandato (2016-2022) dejó 6.000 muertos según la Policía y unos 30.000 según ONG locales.
Según el argumento de Kaufman, la detención del exmandatario el pasado 11 de marzo en Manila y el posterior traslado a La Haya fueron ilegales por carecer de jurisdicción, ya que el propio Duterte retiró a su país del Estatuto de Roma que gobierna el tribunal en 2019.
Sin embargo, al autorizar una investigación en 2021 y ordenar este año la detención del expresidente, el tribunal consideró que tiene jurisdicción para examinar supuestos delitos ocurridos cuando el país todavía era miembro.
Es por eso que la CPI investiga los supuestos delitos relacionados con la guerra contra las drogas de Duterte únicamente entre 2011, cuando Filipinas pasó a ser miembro del tribunal, y 2019, cuando el expresidente sacó al país asiático del Estatuto de Roma.
Duterte compareció el pasado 14 de marzo ante la CPI, una sesión en la que se le informó de sus derechos y de la acusación del crimen de lesa humanidad de asesinato antes del comienzo oficial del juicio el próximo 23 de septiembre.