La mayoría de esos ataques se perpetraron después del alto el fuego anunciado el 2 de abril por el ejército birmano y el opositor Gobierno de Unidad Nacional, señaló en un comunicado el alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk.

"Es imperativo que los militares pongan fin inmediatamente a todos los ataques a civiles e instalaciones no militares", subrayó.

Los ataques golpearon a una población "ya exhausta tras años de conflicto" y en la que ya antes del terremoto, que causó unos 3.800 muertos, 20 millones de personas requerían ayuda humanitaria.

"Es el momento de priorizar a la gente, a los derechos humanos y a las necesidades humanitarias, logrando una resolución pacífica de la crisis. En lugar de inversiones inútiles en fuerza militar, el foco debe estar en la recuperación de la democracia y el estado de derecho en Birmania", concluyó Türk.