Los colectivos y activistas por la regularización y el derecho a cultivar se concentraron desde la mañana en los exteriores de la Universidad Central y recorrieron durante al menos tres horas las calles de la ciudad hasta llegar a la sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.
A la marcha, las personas llevaron carteles con mensajes a favor de la legalización de la marihuana y entonaron cánticos acompañados de tambores y otros instrumentos en apoyo al cultivo propio y en rechazo a la criminalización.
Al llegar a la Casa de la Cultura, a los manifestantes los esperaba el Festival de Cultura Cannábica, que con música, comida, talleres y una feria reivindicaba la lucha por la legalización que las organizaciones mantienen en el país desde hace catorce años.
"Este es el catorceavo año que realizamos la marcha y ya se ha llegado a varias conclusiones", dijo a EFE Daniel Taco, uno de los organizadores, quien señaló que gracias a este camino desde el 2019 el uso medicinal del cannabis es legal en Ecuador.
"Ahora lo que buscamos es que regularicen toda la planta, que el Estado se haga cargo, que ponga a una entidad pertinente para poder controlar y regularizar la marihuana. Eso es necesario. No podemos seguir dejando que la marihuana siga siendo dinero del narco", mencionó.
El dirigente dijo que el dinero que pudiera ingresar al país tras la legalización de la marihuana se puede utilizar en escuelas y colegios y se evitaría que quede en manos del narcotráfico, que, aseguró, tiene vínculos con esferas políticas que son las que no permiten que se legisle a favor.
"No somos delincuentes"
En ese mismo sentido, Tábata Arévalo, otra representante de la marcha, afirmó que hasta un "40 % de las ganancias del narcotráfico vienen de la marihuana" y que lo que las bandas del crimen organizado venden a los consumidores es "pésimo".
"La mezclan con cualquier cosa y los usuarios de cannabis no saben lo que se están metiendo. Por eso estamos luchando aquí para que como usuarios podamos adquirir la planta, la autocultivemos, y podamos tener un uso más consciente y responsable", agregó.
Actualmente, la pena por sembrar cannabis con fines comerciales sin permiso va de uno a tres años de cárcel, mientras que la posesión para consumo personal no está penalizada dentro de los límites reglamentados en la ley.
Arévalo pidió al Gobierno que los escuche, pues no son "delincuentes" ni quieren "hacer daño a nadie", sino que buscan que el riesgo en el consumo disminuya.
"Es importante que el Estado regule de dónde los usuarios adquieren esta medicina y también para que se deje de pensar que somos delincuentes", añadió.
"Queremos que el Gobierno sepa que somos muchos y muchas las personas en Ecuador que usamos esta planta. La usamos con fines buenos, somos personas que trabajamos, que pasamos todo el día luchando, usando esta planta para llegar a nuestras metas y para conseguir un Ecuador mejor", mencionó.