En esta primera fase, que se extenderá hasta el 2 de junio, se interrogará a los testigos citados por las acusaciones y las defensas del principal grupo de investigados en la causa, integrado por el líder de la ultraderecha brasileña y otros siete miembros de su Gobierno.
Las audiencias se desarrollarán vía videoconferencia y cuentan con 82 testigos en total, entre los que figuran políticos, miembros del Ejército y funcionarios judiciales, y muchos son compartidos por más de un reo.
Esta medida marca el inicio de la fase procesal del juicio, momento en el que se recaban pruebas para la acusación y la defensa.
Entre los citados como testigo por el expresidente (2019-2022) se encuentra el gobernador del estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, uno de los políticos señalados como su posible sucesor, ante la inhabilitación política de Bolsonaro, vigente hasta 2030.
Además del exmandatario, componen este grupo el coronel Mauro Cid, exedecán de Bolsonaro, que declaró ante la Corte Suprema en un acuerdo de colaboración.
También lo integran el general de la reserva Walter Braga Neto, exministro y candidato a vicepresidente en 2022 en la fórmula del exmandatario, el exministro de Justicia Anderson Torres y el exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira.
La denuncia contra este grupo fue aceptada a fines de marzo de forma unánime por la Primera Sala de la Corte Suprema, compuesta por cinco magistrados de corte progresista.
Todos ellos fueron imputados con los cargos de organización criminal, intento de abolición violenta del Estado democrático, golpe de Estado, daño calificado y destrucción de patrimonio público.
La trama golpista se habría comenzado a tejer después de la victoria del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en las elecciones de octubre de 2022.
Bolsonaro aspiraba a la reelección en esos comicios, pero no aceptó su derrota en las urnas y, de acuerdo a la acusación, fue entonces que se tramó un golpe de Estado que impidiera la investidura del líder progresista, que culminó con el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado el 8 de enero de 2023, una semana después de que Lula asumió el poder.