El documento, que fue entregado por una coalición de cuatro organizaciones estadounidenses, solicita a la CIDH que emita una medida de emergencia en contra del Gobierno salvadoreño de Nayib Bukele por la "detención ilegal de cientos de individuos transferidos de manera forzosa e irregular" al país centroamericano.
A mediados de marzo, EE.UU. decidió trasladar a más de 230 migrantes -en su mayoría venezolanos- a la megaprisión salvadoreña conocida como CECOT, notoria por las denuncias de abusos a los derechos humanos.
El Gobierno de Donald Trump acusó a los migrantes de formar parte del Tren de Aragua, una banda criminal transnacional que Washington calificó como "terrorista". Sin embargo, varios informes han demostrado que la mayoría de ellos -un 90 % según el medio neoyorquino Bloomberg- no tienen antecedentes penales.
La demanda revela que los migrantes llevan más de dos meses incomunicados y pide que la CIDH obligue a El Salvador a "cumplir con sus obligaciones legales internacionales" y coopere con EE.UU. para poner en libertad a los detenidos.
"Esto es un fracaso moral y legal de dos Gobiernos y una emergencia de derechos humanos que exige atención global,” dijo Bella Mosselmans, directora del Consejo Global de Litigio Estratégico (GSLC), una de las organizaciones demandantes, en un comunicado.
Mosselmans acusó además a EE.UU. de estar conspirando para "despojar" a cientos de personas de "sus derechos y su libertad":
“Estados Unidos y El Salvador han coludido para despojar a cientos de personas, incluyendo a muchos individuos con solicitudes de asilo pendientes en EE.UU., de sus derechos y su libertad”.
"Estas son desapariciones forzadas aprobadas por el Estado y deben terminar ahora", agregó.
El Gobierno de EE.UU. llegó a un acuerdo con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para enviar a migrantes detenidos en EE.UU. al CECOT.
Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador 6 millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario.
El Supremo de EE.UU. prohibió al Gobierno continuar con las expulsiones al país centroamericano mientras que se resuelven varias demandas en contra de esta práctica en las cortes de menor instancia.
El presidente republicano invocó una ley de 1789, conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros, para justificar las expulsiones de los migrantes venezolanos.
El uso por parte del Gobierno estadounidense de esta ley, invocada en el pasado en tiempos de guerra, ha provocado una ola de críticas por parte de la oposición demócrata y de expertos juristas que hablan ya de una crisis constitucional.