"Me preocupa profundamente la detención y la supuesta desaparición reportada de Ruth López, una destacada abogada de derechos humanos en El Salvador", publicó en la cuenta de X del comité.
"Cuando los líderes encarcelan arbitrariamente a aquellos en la sociedad civil que arrojan luz sobre la injusticia, todos debemos alzar la voz", añadió.
López, incluida en 2024 por la BBC en la lista de las 100 mujeres más influyentes de ese año, fue detenida la noche del domingo y es acusada por la Fiscalía del delito de peculado al supuestamente participar "en la sustracción de fondos de las arcas del Estado" cuando era asistente del exfuncionario Eugenio Chicas, quien se encuentra detenido.
La Fiscalía no ha detallado el monto cuestionado a la abogada, que es parte de la organización no gubernamental Cristosal, una de las principales en el país.
Más de 50 organizaciones de derechos humanos nacionales y extranjeras han rechazado y condenado la detención, a la vez que exigen la liberación de la abogada y que se aplique un debido proceso.
La red Alianza Américas alertó desde Estados Unidos que se desconoce dónde está detenida la abogada, por lo que "no tiene acceso a representación legal ni contacto con su familia, lo que implicaría una violación de su derecho al debido proceso y una desaparición forzada", apuntó.
La abogada ha participado en la presentación de diversas demandas de inconstitucionalidad, informes relacionados con transparencia, en la presentación de avisos a la Fiscalía para que investigue el uso irregular de fondos estatales y en sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre El Salvador.
En octubre pasado, participó en la solicitud a la Fiscalía para que investigue las irregularidades encontradas en la entrega de un bono por el Gobierno del presidente Nayib Bukele de 300 dólares a la población en la pandemia de la covid-19, que habría alcanzado un monto de 513 millones dólares.
La organización Cristosal ha recabado miles de denuncias de violaciones a derechos humanos de personas detenidas en el marco de un régimen de excepción, vigente en El Salvador desde marzo de 2021, entre ellas torturas y capturas arbitrarias.