El "sondeo" hecho por el líder de la ultraderecha fue confirmado por el excomandante del Ejército, el general Marco Antonio Freire Gomes, uno de los primeros testigos del proceso por golpismo contra el exmandatario escuchados por la Primera Sala del Supremo.
Según Freire Gomes, la probable "intervención", que incluía hasta una declaración de estado de sitio, fue planteada por Bolsonaro a los jefes militares en diciembre de 2022.
"Expuse la importancia de evaluar todas las consecuencias", dijo Freire Gomes, quien junto al exjefe de la Fuerza Aérea Carlos Baptista Júnior, se opuso a la iniciativa, que según Bolsonaro solo estaba siendo "estudiada".
Sin embargo, Freire Gomes aclaró que le fue advertido a Bolsonaro que "no tendría apoyo" de las Fuerzas Armadas y que, si lo hiciera, "podría ser encuadrado jurídicamente".
El antiguo jefe militar, hoy en la reserva, fue interrogado por el juez Alexandre de Moraes, relator del caso en el que la Fiscalía General actúa como parte acusadora.
Según la Fiscalía, la trama golpista comenzó después de que Bolsonaro perdió las elecciones de octubre de 2022 frente a Lula.
La conspiración habría desembocado en la asonada del 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula y cuando miles de bolsonaristas destrozaron las sedes del Supremo, el Congreso y la Presidencia para incitar una intervención militar que derrocara al nuevo Gobierno.
Intentos por mostrar un "fraude" inexistente
Otro de los testigos escuchados este lunes fue el empresario Éder Balbino, especialista en informática contratado por el Partido Liberal (PL), que lidera Bolsonaro, con el objetivo de comprobar un supuesto fraude en las elecciones, sobre el que el líder de la ultraderecha advertía desde antes de los comicios.
"No encontramos ninguna sospecha de fraude", declaró Balbino, cuya empresa hizo una auditoría de las urnas electrónicas usadas en el proceso.
Agregó que, pese al resultado de su informe, el PL presentó una denuncia por supuestas irregularidades que fue rechazada por las autoridades electorales, precisamente por "ausencia de indicios".
En ese mismo marco, el exfuncionario del Ministerio de Defensa Clebson Ferreira, otro de los testigos, confirmó que, después de la primera vuelta, le fue pedido un "mapa" de los municipios en los que Lula había obtenido más votos.
En esos mismos municipios, según la acusación, fue denunciado que el día de la segunda vuelta la Policía dificultó el acceso de los ciudadanos a los centros electorales, con la supuesta intención de restarle votos a Lula y favorecer al entonces presidente.
Bolsonaro acompaña a distancia
Bolsonaro siguió los interrogatorios por videoconferencia, así como otros de los siete reos que integran el llamado 'núcleo 1' de la trama golpista, quienes serán juzgados en esta primera fase del proceso, que hasta ahora tiene un total de 21 imputados.
Entre los otros acusados que responden en este fase figuran el excomandante de la Marina Almir Gabriel, el exministro de Justicia Anderson Torres, el exministro de Seguridad Institucional Augusto Heleno Ribeiro, el exministro de Defensa Paulo Sergio Nogueira y el exministro de la Presidencia Walter Braga Neto.
El grupo lo completa el exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) y hoy diputado Alexandre Ramagem, por cuya condición de aforado el bolsonarismo intentó sin éxito suspender el proceso.
En total, la acusación y las defensas han convocado a un total de 82 testigos, que serán escuchados en diversas audiencias previstas para concluir el próximo 2 de junio.
Concluida esa fase, el proceso seguirá con interrogatorios a los ocho acusados, tras lo que la acusación y las defensas presentarán sus respectivos alegatos y el juicio quedará listo para sentencia.