El proyecto de ley, que lleva dos décadas en discusión y que ahora debe de volver a la Cámara de Diputados, prevé simplificar el licenciamiento para emprendimientos y obras de tamaño pequeño y medio con "bajo o medio potencial contaminador".
Bajo este procedimiento abreviado, que no se aplicará a las actividades que impliquen la eliminación de vegetación, bastará que los responsables se comprometan a respetar las exigencias ambientales para poder iniciar los trabajos y deja para un momento posterior la fiscalización.
Además, transfiere competencias de organismos federales a otros del ámbito regional, y permite la realización de proyectos en unidades de conservación sin la autorización previa de las entidades responsables de su protección, según criticó el Ministerio de Medio Ambiente.
Los senadores que apoyaron la iniciativa, muchos de ellos de la región amazónica, mencionaron la necesidad de desarrollo económico y culparon a las exigencias medioambientales del supuesto atraso en 5.000 obras de infraestructura.
"Hoy estamos rompiendo las cadenas invisibles que nos encadenan a una política ambientalista importada", declaró durante el debate el senador del estado de Amazonas Plínio Valério.
Del otro lado, el Ministerio de Medio Ambiente afirmó en un comunicado que el proyecto de ley es inconstitucional, al considerar que va contra el derecho al medio ambiente equilibrado establecido en la norma suprema.
Pese a que el Gobierno brasileño se ha propuesto acabar con la deforestación de aquí a 2030, el Congreso cuenta con una mayoría de derechas, con decenas de legisladores vinculados al poderoso sector agropecuario que se oponen a la agenda ambiental.